ONGs le piden a Marín vetar la Reforma Bailleres
Historiadora advierte que la Reforma Bailleres es una estrategia de la Iglesia para fulminar el Estado laico
La misiva encabezada por la Coordinación Nacional de Mujeres por un Milenio Feminista y respaldada por Human Rights Watch le advierte al mandatario que: “Nos mantenemos atentas para desarrollar acciones que eviten retrocesos en los derechos individuales, sociales, culturales y sexuales de los hombres y mujeres de la entidad.”
Selene Ríos Andraca
El gobernador Mario Marín Torres ha recibido una serie de cartas de parte de organizaciones internacionales, nacionales y regionales de todo el país para que ejerza su derecho de veto en la reforma a la Constitución de Puebla que añade un capítulo para la familia que bloquea cualquier posibilidad para la despenalización del aborto voluntario y la eutanasia en cualquiera de sus formas.
La misiva encabezada por la Coordinación Nacional de Mujeres por un Milenio Feminista y respaldada por Human Rights Watch le advierte al mandatario que: “Nos mantenemos atentas para desarrollar acciones que eviten retrocesos en los derechos individuales, sociales, culturales y sexuales de los hombres y mujeres de la entidad.”
La primera en pedirle que vetara la denominada Reforma Bailleres fue la legisladora priista Rocío García Olmedo, quien junto a otros cinco diputados del tricolor rechazaron el contenido de las modificaciones y votaron en contra el pasado 12 de marzo. La legisladora le pidió públicamente al mandatario que no publique la reforma en el Periódico Oficial del Estado para que se quede sin efecto.
A la petición de la diputada se sumaron académicos y feministas, quienes a través de una misiva enviada al mandatario encabezada por la Coordinación Nacional de Mujeres por un Milenio Feminista le expresan su preocupación sobre la fracción IV del artículo 26 del nuevo capítulo que determina que el Estado protege la vida desde la concepción —concepto religioso— hasta la muerte natural.
“Le manifestamos nuestra más profunda preocupación por la reforma de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla aprobadas el 12 de marzo de 2009 (…) cuyo Capítulo V De la Familia (…) contraviene el contenido de acuerdos y tratados internacionales suscritos por nuestro país, se contrapone a los preceptos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”
De acuerdo al texto de la organización, firmado por organizaciones internacionales y nacionales especialistas en los derechos de las mujeres, la Reforma Bailleres violenta: “Los derechos individuales y sociales de hombres y mujeres residentes de Puebla; los derechos relacionados con la equidad y el trato no discriminatorio en materia de bienes patrimoniales, acceso a la justicia, a los servicios de salud, asistencia y seguridad pública y social para hombres y mujeres residentes en la entidad por razones de edad y estado civil y los derechos relacionados con la salud reproductiva de las mujeres.”
El propósito de la carta es que el gobernador no publique las modificaciones contenidas en la fracción IV artículo 26 que coloca el candado para despenalizar la interrupción del embarazo de manera voluntaria y la eutanasia, y que sea devuelto a la Comisión de Gobernación para un nuevo análisis.
“El objetivo de esta misiva es solicitar a usted, de la manera más atenta, que en atención a lo que establece el artículo 64 fracción IV y el artículo 65 de la Constitución Política se sirva hacer observaciones al proyecto aprobado para reformar la Constitución en su Capítulo V artículo 26 fracción IV, de manera que sea devuelto a la Comisión con el único propósito de que sean debidamente analizados, debatidos y discutidos los dos temas que aborda por el conjunto de la sociedad y que violan los derechos adquiridos de las mujeres, solicitándole que no publique esta reforma.”
La petición está firmada por la mesa directiva nacional dirigida por Magdalena García Hernández, además está respaldada por las coordinaciones regionales de Guanajuato, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Michoacán y Morelos, entre otros estados.
Es preciso recordar que la censura internacional a la Reforma Bailleres llegó al Congreso local dos días antes de que se pusieran a discusión las modificaciones, y es que la organización más importante a nivel mundial en la defensa a los derechos humanos consideró que el contenido del misma estaba cargado con conceptos religiosos que atentaban la laicidad del Estado Mexicano y contravenían una serie de tratados, acuerdos, pactos y convenios internacionales firmados por el Poder Ejecutivo federal a lo largo de las últimas tres décadas.
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