Negligencia de Javier García pone en riesgo a La Célula


La Profepa podría cancelar los accesos viales por las afectaciones causadas al medio ambiente con su construcción


Rubén Pedro Rodríguez Torres amenazó al responsable de la obra pública local, pues si la deforestación de especies amenazadas no es revertida, la delegación podría emprender el cierre de los nuevos caminos


Miguel Ángel Cordero

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Una negligencia más de Javier García Ramírez, responsable de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Publica (Seduop), provocará nuevos problemas al proyecto de La Célula, pues la violación del proyecto de impacto ambiental por parte de la dependencia que dirige provocaría que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cancele los accesos viales del puerto seco, apenas inaugurados ayer por el gobernador Mario Marín, previo a su cuarto informe.


En entrevista, el delegado de la instancia federal Rubén Pedro Rodríguez Torres, incluso amenazó al responsable de la obra pública local, pues si la deforestación de especies amenazadas no es revertida, la delegación podría emprender el cierre de los nuevos caminos.


Ayer, autoridades estatales, municipales y empresarios inauguraron los accesos a La Célula. En consecuencia, el funcionario federal explicó que de acuerdo al dictamen técnico elaborado por el departamento de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social de la Profepa, existen afectaciones al ecosistema del lugar que de no ser reparadas, provocaría el cierre de las vialidades.


Una de las principales afectaciones provocadas por la construcción de La Célula, según el delegado, fue la deforestación de dos especies vegetales del lugar amenazadas: mamilaria discolor y magimamma, ambas del orden de las cactáceas. Éstas deberían ser trasplantadas a otro lugar para permitir la apertura de las vialidades.


Ésta es la primera vez que el funcionario federal reconoce una acción directa contra el Gobierno del estado —concretamente la Seduop—, ya que aunque en septiembre de 2007 inició la investigación, el delegado no facilitó información al respecto, pues hasta entonces la misma tenía carácter de reservada. La revista Puntual publicó un reportaje en el que se señalan las anomalías ya descritas, pero en la cual el funcionario se negó a precisar el impacto del dictamen.

 

Inician las pesquisas

 

En septiembre de 2007, la Profepa inició una investigación luego de que Ramiro Sánchez López, vecino del lugar, denunciara el impacto ambiental del proyecto marinista. En consecuencia, la subdirección jurídica de la delegación federal inició una investigación contra la Seduop, secretaría responsable del proyecto de construcción de La Célula.


“… se realice una inspección al lugar denominado Recinto Aduanal de beneficios fiscales ‘La Célula’ (…) el cual se encuentra en el municipio de Oriental, según no hay impacto ambiental y ya comenzaron las obras, en caso de que no exista éste solicito que se clausuren las obras”, manifiesta el documento que recibió Rodríguez Torres de Sánchez López.
La contestación del delegado fue que el personal de inspección y vigilancia de la dependencia federal fue enviado al lugar y que se encontraron irregularidades graves que violan la normativa federal vigente.


Posteriormente, le fueron entregados a la delegación de la Profepa tres dictámenes de los inspectores José Vergara Juárez, Roberto Rodríguez Vélez y Miguel Ángel Martínez Fernández, quienes consideraron como “graves” las afectaciones ambientales y a las cuales era necesario “dar seguimiento”.


Los reportes de los inspectores revelan que, de acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, se le requiere a la empresa presentar su autorización de impacto ambiental, pues se descubrieron perjuicios a especies en amenazadas.


El dictamen de que la construcción agredía la ecología del lugar que entregaron los inspectores, está basado también en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que señala que el conjunto de plantas y hongos que crecen en zonas áridas y semiáridas, dan lugar al desarrollo y convivencia equilibrada de otros recursos naturales y la reciente edificación de vialidades perjudicó esta simbiosis.


En el escrito entregado a Rubén Pedro y que le permitió adelantar que podrían cerrarse los accesos viales, los inspectores piden como “medida urgente de aplicación” a la Seduop el dictamen de la Comisión Nacional del Agua en el que se permite que La Célula ocupe el área contigua o colindante con el río El Salado.

 

SMRN, también en investigación


De acuerdo a Rubén Pedro Rodríguez, la remoción de cactáceas nativas fue el motivo de que se le abriera un proceso administrativo a La Célula, pero la mayor parte del territorio afectado es competencia estatal, por lo que el impacto ambiental debía ser determinado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SMRN).


En noviembre de 2007, la Profepa recibió de parte de Francisco Castillo Montemayor, titular de la SMRN, un oficio en el que reportaba que La Célula cuenta con la autorización de impacto ambiental. El documento, número SMA 01-07/01314, se encuentra en inspección por la dependencia federal.


Los accesos construidos, y que perjudicaron el ambiente, corresponden a la construcción del Camino La Célula Primera Etapa en el Camino Puebla Teziutlán Rama 10, Rama 20, 100 y puente en la rama 20, cuyo costo es de 30 millones de pesos; la construcción del camino La Célula primera etapa en el Camino Oriental-el Fuerte-Tepeyahualco Rama 1, rama 20 Rama 40 y contempla una inversión de 38 millones de pesos; y la edificación de las ramas 50, 60, 70 y 80, cuyo costo fue de 24 millones de pesos. En total el costo en estas vialidades, ayer inauguradas, fue de 92 millones de pesos.

 

 

 

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