Pericles deja solo a González Molina


El secretario del Trabajo se deslinda del director del IPPC y dice que el organismo es autónomo

 

Olivares Flores reconoció la demora que había tenido su dependencia para manifestar la postura oficial respecto al escándalo por la capacitación que recibieron los precandidatos priistas, pero señaló que en caso de ser necesario sancionará a Gabriel González


Miguel Ángel Cordero

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Gabriel González Molina, director del Instituto Poblano para la Productividad Competitiva (IPPC), fue abandonado por el titular de la Secretaría del Trabajo y Competitividad (STyC), Pericles Olivares Flores, quien se deslindó de responsabilidades e incluso, advirtió sanciones contra el funcionario si es que éstas son halladas por la autoridad electoral.


El martes 27 de enero, los precandidatos del PRI acudieron a las oficinas del IPPC para recibir una capacitación. En consecuencia, el PAN interpuso una demanda ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ), de la República (PGR) y ante el Instituto Federal Electoral, pues el instituto incurrió en peculado.


Entrevistado al respecto, después de su comparecencia ante el Congreso del Estado, precisó que cualquier decisión o actuación del IPPC es “responsabilidad particular” de González Molina, ya que las características jurídicas de “organismo público y descentralizado” le dan independencia.


“Jamás el secretario del trabajo, el subsecretario o algún director general podrá decir cómo se dictan los acuerdos en el IPPC (…) Que se lleguen las investigaciones hasta donde se tenga que llegar y, si son responsables, que se sancione en términos de ley”, sentenció.


Incluso, el funcionario estatal aseguró que la dependencia que encabeza está en la mejor intención de aportar los elementos o datos que sean requeridos para las investigaciones de las autoridades electorales.


Explicó que la secretaría que dirige no tiene una autoridad directa sobre el IPPC, pues la junta del consejo directivo está formada, además de la dependencia estatal, por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y sindicatos.


“El artículo primero del decreto que da vida al IPPC es muy claro en señalar que es un organismo público y descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y una dirección particular”, insistió respecto a la independencia del instituto.


Puso como ejemplo de organismo público, descentralizado y tripartito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en donde está relacionado el Gobierno, los empresarios y los trabajadores.


Pericles Olivares reconoció también la demora que había tenido su dependencia para manifestar la postura oficial respecto al escándalo del IPPC.

 

“En primer lugar, no se había requerido oficialmente, incluso ni por los medios de comunicación. No había oportunidad. Estuve bien ocupado con el tema de la comparecencia”, respondió.


No obstante, Cambio lo requirió en diversas ocasiones, inclusive el funcionario ya había pactado una entrevista con esta casa editorial posterior a la presentación del plan anticrisis del gobernador Mario Marín Torres, pero el funcionario huyó por la puerta trasera de Casa Aguayo.


Olivares Flores insistió en la competencia de la Procuraduría General de Justicia y de la República (PGJ y PGR) en la investigación del caso IPPC: “Estaremos dispuestos a entregar los elementos que nos sean requeridos en su momento, o las declaraciones sobre las instituciones de administración o procuración de justicia si es que esto así sucede”.

 

Reprueba el Congreso a Olivares Flores

La comparecencia del titular de la STyC dejó en evidencia el desempleo que se agravó en la entidad con la llegada de la crisis económica internacional, pues sólo en el primer mes del año Puebla perdió más de mil 650 empleos.


Ante los diputados locales, Olivares Flores reconoció que hubo 80 mil desempleados el año pasado, de acuerdo a los reportes que dio durante su comparecencia ante el Congreso del Estado. Sin embargo, el funcionario estatal presumió que el superávit de 11 empleos más en relación a las cifras del año pasado.


“En 2008, siete empresas cerraron sus puertas a los empleados poblanos. Entre ellas Alcoa Fujikura y Across Whirlpool, mismas que cayeron en quiebra”. Agregó que la tasa de desempleo en Puebla, durante el último trimestre de 2008 fue de 3.76 por ciento.


Durante la comparecencia, Gustavo Espinosa Vázquez, diputado de Nueva Alianza, criticó que la entidad esté situada en el lugar 32 de trabajadores remunerados sin acceso a las prestaciones de ley.


Además, informó que Puebla está posicionada en el lugar 31 por condiciones críticas de ocupación laboral, en el 27 en tasa de ocupación en el sector informal, en el 18 a nivel nacional por desocupación y en el 20 por subocupación.


Como respuesta a los cuestionamientos del panalista, Olivares Flores reconoció que el subempleo es uno de los principales problemas de la entidad y que algunos de los programas de su dependencia están enfocados a su combate.


Pero el presupuesto para tales acciones no es suficiente, criticó la diputada panista Patricia Hidalgo Elguea quien propuso que ante la reducción presupuestal en la secretaría, es mejor que ésta se fusione con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) para formar la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo.

 

Ante ello, el secretario pretextó que existen los suficientes recursos para mantener a la dependencia, pues los apoyos federales a favor del empleo se ampliaron a 26.5 millones de pesos más las aportaciones estatales, de 15 millones de pesos.

 

 

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