PRI se alía a la ultraderecha
Rocío García, Bárbara Ganime, Luis Alberto Arriaga, Mario Méndez y Malinalli García se oponen a la propuesta
A través de una iniciativa de corte ultraderechista, el PRI ha propuesto integrar en la Carta Magna de Puebla el rechazo tajante a la legalización del aborto, a la muerte digna y a las uniones entre personas del mismo sexo
Selene Ríos Andraca
Mediante una iniciativa de reforma constitucional, el PRI poblano se prepara para traicionar al Estado laico, al introducir en la Carta Magna de Puebla conceptos religiosos que rechazan tajantemente el aborto, la eutanasia o muerte de voluntad anticipada, así como la posibilidad de establecer uniones entre personas del mismo sexo.
La iniciativa firmada por José Othón Bailleres y otros 20 priistas, Nueva Alianza y Acción Nacional, además de contener un alto carácter de ultraderecha, es intolerante, retrógrada y machista hacia las mujeres y los homosexuales, una vez que solamente reconoce la unión entre hombre y mujer como núcleo familiar; defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural y establece el respeto al trabajo doméstico femenino y se puede leer en el siguiente link:http://www.congresopuebla.gob.mx/web/iniciativa/tmp/ini_884.doc.
El jueves pasado, en asuntos generales se dispensó la lectura de la iniciativa que reforma diversos puntos a la Constitución propuesta por diputadas y diputados integrantes de la LVII Legislatura, y es preciso resaltar que carece de la firma de diputados priistas como Rocío García Olmedo, Mario Méndez, Luis Alberto Arriaga, Malinalli García y Bárbara Ganime, quienes se han caracterizado por defender los derechos de las mujeres y su cuerpo, la libertad de la muerte voluntaria, así como las sociedades de convivencia. Tampoco los perredistas ni los petistas firmaron el anteproyecto.
La propuesta reconoce solamente la unión legal entre un hombre y una mujer; establece el reconocimiento al ama de casa y sus labores domésticas; así como el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y están establecidos en el artículo 18 en el capítulo llamado “La Familia”.
Fuentes legislativas confiaron a Cambio que el Revolucionario Institucional pretende aprobar en la Comisión de Gobernación la iniciativa para que el próximo jueves, en la última sesión del Primer Periodo Ordinario, pase a pleno el anteproyecto y se modifique la Constitución de Puebla.
La Comisión de Gobernación está integrada, entre otros, por dos diputados que se oponen a la iniciativa: Luis Alberto Arriaga, Rocío García Olmedo e Irma Ramos —quien promueve la ley de la muerte anticipada—, sin embargo, se lograría la mayoría con el voto de los priistas Humberto Aguilar y Pablo Fernández, así como los panistas Eduardo Rivera y Leonor Popócatl.
La propuesta —ya avalada por la Secretaría de Gobernación, de acuerdo a fuentes consultadas— pretende integrar dos nuevos capítulos en la Constitución de Puebla intitulados: “De los habitantes del estado, la familia y las garantías sociales” y “La Familia”.
Entre las consideraciones del proyecto se establece que el mismo: “Busca asegurar el valor de la unidad familiar, a través del respeto de la función específica en la que cada uno de sus miembros participa, con la concomitante obligación de inhibirse de conductas que generen violencia (…) Que el Estado reconoce a la familia como agrupación primaria, natural y fundamental que constituye una unidad política y social que promueve la enseñanza y transmisión de los valores culturales, éticos y sociales necesarios para el desarrollo de las diferentes generaciones que la conforman.”
Contra el aborto y la eutanasia
En víspera de la llegada de Víctor Sánchez al Arzobispado de Puebla, el PRI poblano ha propuesto hacer una serie de modificaciones a la Constitución local para echar abajo cualquier debate en torno a la legalización del aborto, a la muerte asistida y a las sociedad de convivencia, en la que dos personas del mismo o diferente sexo pueden tener certeza jurídica y derechos en una pareja.
Desde hace dos semanas, Luis Alberto Arriaga desató la controversia en torno a la legalización del aborto y la eutanasia, cuando advirtió que el PRI tenía propuestas interesantes en temas polémicos, sin embargo, días después el líder de la Gran Comisión, José Othón Bailleres, salió a desmentir las declaraciones de su vocero.
A la par, la diputada perredista Irma Ramos revivió su iniciativa para la muerte de voluntad anticipada propuesta en junio del año pasado, en la que propone que un paciente pueda decidir la suspensión de la terapia médica cuando se encuentre en etapa terminal y en caso de que las acciones de los médicos sólo consigan la prolongación de su vida en condiciones deplorables.
Dicha propuesta fue respaldada por lo miembros de la Comisión de Salud, encabezada por el priista Mario Méndez, quien al salir de una mesa de trabajo con Marco Antonio Casas Arellano, titular de la Comisión de Arbitraje Médico, anticipó que la Ley de Voluntad Anticipada o “muerte digna” podría aprobarse para el segundo periodo de sesiones.
Sin embargo, con la propuesta de introducción del nuevo capítulo a la Carta Magna cualquier posibilidad de legalizar el aborto o la “muerte digna” está cerrada, ya que en la fracción IV del artículo 18 del Capítulo Familia queda establecido el respeto a la vida humana desde la concepción, es decir, desde la fecundación del óvulo. Así como el respeto a la muerte natural, no inducida.
“La vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. El Estado garantizará a las personas el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos”, establece la fracción IV del artículo 18.
Contra las uniones entre homosexuales
La iniciativa para las sociedades en convivencia fue presentada por el perredista Rodolfo Huerta en diciembre de 2006 durante la LVI Legislatura, y en aquellos días no consiguió el aval ni el respaldo de ningún diputado.
La ultraderechista propuesta del PRI reconoce como familia: “El Estado reconoce a la familia como agrupación primaria, natural y fundamental que constituye una unidad política y social que promueve la enseñanza y transmisión de los valores culturales, éticos y sociales necesarios para el desarrollo de las diferentes generaciones que la conforman”, según el artículo 18.
La primera fracción del artículo citado señala que el “matrimonio” es la única organización de la familia: “Su organización sobre la base del matrimonio” y reconoce al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.
“El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de formar, educar, mantener y asistir a sus hijas o hijos, y éstos o éstas tienen el deber de asistirlos o asistirlas cuando aquel o aquella no puedan hacerlo por sí mismos o por sí mismas”, reza la fracción séptima del artículo 18.
Así como: “Las uniones de hecho entre el hombre y la mujer, que reúnan las condiciones de notoriedad y permanencia, producen efectos legales correspondientes”, establece la XIII fracción del mismo artículo.
La fracción machista de la propuesta es la novena del artículo 18, la cual establece el respeto y el reconocimiento a las labores domésticas del ama de casa: “El trabajo de la madre, en casa, debe ser reconocido y respetado por su valor para la familia y la sociedad”.
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