La SIEDO investiga a Omar Álvarez por lavado de dinero


La Subprocuraduría de la PGR abrió la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE-VI/574/201


De acuerdo a documentos en poder de CAMBIO, Álvarez Arronte habría adquirido un predio a nombre del Colegio de Bachilleres por la cantidad de 12 millones 500 mil pesos extraídos del “erario”, sin que la operación financiera haya sido reportada en la cuenta pública correspondiente a agosto-diciembre de 2007


Selene Ríos Andraca

 

Omar Álvarez Arronte, director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (Cobaep), es investigado por lavado de dinero por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de acuerdo con la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE-VI/574/201 y el oficio 178/2010, enviado a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se presume el delito de lavado de dinero.  


De acuerdo a la averiguación en manos de la delegación de la PGR en Puebla, Omar Álvarez Arronte habría adquirido un predio a nombre del Colegio de Bachilleres por la cantidad de 12 millones 500 mil pesos extraídos del “erario”, sin que la operación financiera haya sido reportada en la cuenta pública correspondiente a agosto-diciembre de 2007, cuando se realizó la operación de compraventa de las 10 hectáreas ubicadas en la colonia Guadalupe Hidalgo. Además, dicha transacción se hizo sin la autorización de la Junta Directiva del organismo descentralizado.


Según la investigación en manos del Ministerio Público Federal, además de la disposición irregular de 12 millones 500 mil pesos, el predio en cuestión se encuentra en litigio, pues además del Colegio de Bachilleres existe otro propietario legítimo de las 10 hectáreas: la empresa Ingeniería Civil e Industrial de La Cortina.


De tal forma que el predio en cuestión ni siquiera es propiedad del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, ya que los derechos litigiosos de cada una de las partes se encuentran en discusión en distintos juicios. 


Es preciso señalar que las operaciones notariales de Omar Álvarez Arronte se han realizado en la Notaría Pública número uno, de Alberto Esteban Morelos —empleado de Álvarez Arronte en la Secretaría de Gobernación durante el trienio dogerista—.


La denuncia de lavado de dinero


El 19 de mayo de 2010, el representante jurídico de Ingeniería Civil e Industrial de La Cortina, Federico Ramírez Brito, presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia por el presunto delito de lavado de dinero en contra de Omar Álvarez Arronte por la adquisición de dos predios de 5 hectáreas, que arrojan un total de 12 millones 500 mil pesos, en octubre de 2007.


La denuncia quedó registrada en el expediente AP/PGR/PUE/PUE-VI/574/2010 y actualmente se encuentra en investigación por parte de la delegación de Puebla, cuyo Ministerio Público remitió a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una investigación de las finanzas del Colegio de Bachilleres y de Omar Álvarez Arronte.


El argumento para denunciar el lavado de dinero obedece a que el desembolso de los 12.5 millones de pesos no aparece en la cuenta pública del Colegio de Bachilleres correspondiente a agosto-diciembre de 2007, y en el capítulo de “Aplicación y Recursos en Bienes e Inmuebles” sólo se reporta el gasto de 927 mil 973 mil pesos. (Ver anexo 1)


La oficina del procurador giró un volante de remisión con el folio 8200 a la subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada para que iniciara la investigación por lavado de dinero en contra de Omar Álvarez Arronte el 19 de mayo del año en curso. (Ver anexo 2)


La indagatoria de la Unidad de Inteligencia Financiera


La investigación en contra de Omar Álvarez dio inicio el 21 de junio de 2010, según el Acuerdo de Inicio de la Averiguación Previa, y el Ministerio Público corroboró la inconsistencia de la adquisición del predio, toda vez que en la cuenta pública aprobada por el Congreso local no aparece el desembolso de los 12.5 millones de pesos.


En el oficio 1278/2010, girado el 4 y el 17 de agosto del año en curso, el Ministerio Público Federal solicitó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la investigación en contra de Álvarez Arronte para indagar sobre el origen de los 12.5 millones de pesos.


“De lo anterior, se presume que el pago realizado por la adquisición del inmueble a favor del organismo público descentralizado del Estado de Puebla, el Colegio de Bachilleres, mismo que fue efectuado mediante cheques expedidos de la cuenta concentradora de dicha institución, no coincide con la cuenta aprobada y publicada en el Periódico Oficial del Estado, por lo que se presume que los inculpados pudieran utilizar la cuenta concentradora del Colegio de Bachilleres para realizar actos de lavado de dinero, conducta prevista y sancionada en el 400 bis del Código Penal Federal”.


La transacción oscura de 12.5 millones de pesos


Omar Álvarez es investigado porque se desconoce el origen de los 12.5 millones de pesos pagados para la adquisición del predio de 10 hectáreas ubicadas en el sur de la capital poblana en octubre de 2007, pues en la cuenta pública aprobada y publicada en el Periódico Oficial del Estado no aparece el desembolso del dinero. 


El periodo fiscal agosto-diciembre de 2007 —publicado en septiembre de 2008— establece, en la aplicación de recursos, un desembolso para bienes muebles e inmuebles de 927 mil 973 pesos con 55 centavos.


Según las declaraciones de Álvarez Arronte, la transacción la hizo el 22 de octubre de 2007 en cinco pagos, originados en la cuenta concentradora del Colegio de Bachilleres.


El primero fue por la cantidad de 3 millones 66 mil pesos; el segundo por un millón 386 mil pesos a través del cheque 0003921 a favor de José Isabel Alonso; el tercero por un millón 680 mil pesos mediante el cheque 0003923, y el resto mediante ministraciones no especificadas en el amparo promovido por Álvarez Arronte ante el juez de Distrito del Sexto Circuito. (Anexo 3)


El predio en litigio


El terreno de 100 mil metros cuadrados ubicado en la colonia Guadalupe Hidalgo, en la hacienda de San Bartolo Coatepec, pertenecía a Fortino Hernández y se lo vendió a la empresa Ingeniería Civil e Industrial La Cortina por la cantidad de 3 millones 500 mil pesos el pasado 18 de diciembre de 2008.


Cuando la constructora requirió a la Notaría Pública 33 la escrituración del predio, la empresa fue informada que su solicitud había sido rechazada porque existía un segundo propietario del predio a nombre del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla.


En octubre de 2007, el entonces director general del Cobaep adquirió el mismo predio mediante un supuesto apoderado de Fortino Hernández, llamado Juan Francisco Mila, quien vendió cinco de las 10 hectáreas por la cantidad de 7 millones de pesos a favor del Colegio de Bachilleres de Puebla mediante el director general Omar Álvarez.


Sin embargo, la compra del Colegio de Bachilleres se realizó sin la autorización de la Junta Directiva —presidida por el secretario de Educación Pública, Darío Carmona—, pues aunque ha mencionado que la autorización existe, hasta el momento el funcionario marinista no ha mostrado el anexo de la misma para corroborar que tenía permiso para comprar el inmueble. 


De acuerdo al reglamento del Cobaep, en su artículo 16 fracción XXIII, una de las facultades de la Junta Directiva es: “Autorizar al director general, los convenios, contratos, acuerdos y demás actos jurídicos”; y en el numeral 19, se le especifica al director general que no podrá realizar movimientos financieros sin la autorización de la Junta Directiva.


En diciembre de ese mismo año, Álvarez Arronte promovió un juicio de Ofrecimiento de Pago ante el juez Tercero de lo Civil, debido a que tampoco podía escriturar las 5 hectáreas del Colegio de Bachilleres por un pleito añejo del predio con el Tribunal Unitario Agrario.


En ese mismo mes, Álvarez Arronte logró que el juez Tercero de lo Civil ordenara a la Notaría Pública número uno, de Alberto Esteban Morelos —empleado de Álvarez Arronte en la Secretaría de Gobernación durante el trienio dogerista—, la escrituración de las 5 hectáreas a favor del Colegio de Bachilleres, a pesar de que no se comprobó que existiera el permiso de la Junta Directiva para la compra del inmueble.


Sin embargo, en la solicitud del juicio de Ofrecimiento de Pago, Omar Álvarez precisó que cuenta con la autorización de la Junta Directiva para la compra de las 5 hectáreas, misma que se realizó en la sesión ordinaria del 4 de octubre de 2007. Empero, no presentó el anexo de la sesión para corroborar que la compra se hizo con la venia de la Junta Directiva. Por tal razón, el funcionario marinista enfrenta una denuncia más por falsedad de declaraciones.


Posteriormente, Eduardo Cortés Rivadeneira adquirió las otras 5 hectáreas mediante el mismo apoderado Juan Francisco Mila y se las vendió a Omar Álvarez Arronte a nombre del Colegio de Bachilleres de Puebla.


La constructora promovió dos juicios más en contra de Álvarez Arronte, uno por Nulidad de Juicio Concluido ante el Juzgado Séptimo de lo Civil, y otro de Inexistencia de Acto Jurídico ante el Duodécimo de lo Civil por falta de autorización de la compra del terreno de parte de la Junta Directiva.

 

 

 

 

 

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