Ciudad de México. La diputada federal del PRD, Roxana Luna Porquillo, presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a presentar controversias de inconstitucionalidad en contra de la conexión del servicio del agua en Puebla por parte del gobierno del estado.

La perredista encontró el apoyo de su coordinador parlamentario, Silvano Aureoles Conejo, quien dijo que es un grave error privatizar un servicio elemental como lo es el agua: “en la medida en que el agua se convierte en una mercancía más y sólo en el negocio de unos cuántos o de particulares, pone en riesgo la posibilidad del acceso a este derecho del resto de la población”.

Durante la sesión del pleno, el PRD presentó el exhortó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que inicie acciones de inconstitucionalidad para la derogación de la Ley del Agua del Estado de Puebla, que —a contrapelo del derecho fundamental de acceder al agua para consumo personal y doméstico, que otorgan los artículos 4 y 115 constitucionales— estableció la base legal para privatizar el agua potable en el estado de Puebla.

En un punto de acuerdo, que fue turnado a comisiones para su revisión y posterior dictamen, Luna Porquillo ha propuesto también que el gobernador Rafael Moreno Valle y el Congreso del Estado sean exhortados a iniciar un proceso legislativo en el que pongan a la Ley del Agua para el estado de Puebla en la misma sintonía con los artículos 4 y 155 constitucionales, así como con los tratados internacionales que México ha firmado respecto al derecho fundamental de acceder al agua.

En un tercer párrafo, Roxana Luna Porquillo solicitó al pleno que exhorte al Congreso poblano a que promueva una acción de inconstitucionalidad en contra de las fracciones IV y IX del artículo 31 de la Ley del Agua para el Estado de Puebla.

Después, en conferencia, Roxana Luna amplió el tema del agua y habló de la privatización en marcha del servicio de agua potable. Dijo que el Congreso local “hace dos día modificó el decreto del 118 bis en donde se plantea la posibilidad de que se le nuevamente la posibilidad al Congreso de que fije las tarifas, pero no con ello se garantiza que sean las empresas quienes determinen el cobro”.

La diputada juzgó que el gobierno estatal pretende privatizar el servicio del agua en Puebla y con ello está atentando contra los derechos humanos. Incluso alertó que todavía la gente en Puebla no sabe el nombre de la empresa concesionaria, lo que, amplió, mueve a sospecha de corrupción.