El secretario del Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, y el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro, expresaron que si bien Grupo México incurrió en responsabilidad objetiva y subjetiva por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, “ya no existe contaminación mayor” en los ríos Sonora y Bacanuchi.

En su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, el secretario del Medio Ambiente reveló que para constituir el fideicomiso de 2 mil millones de pesos el gobierno federal aceptó que la empresa propiedad de Germán Larrea pagara en cuatro “amortizaciones de 500 millones”.

La diputada Lilia Aguilar (PT) consideró inconcebible estas facilidades otorgadas al segundo hombre más rico del país y porque, recordó, Grupo México ha reportado ganancias netas de 80 millones de pesos por hora

También, el titular de la Profepa rechazó que sea responsabilidad de esa instancia determinar la cancelación temporal o definitiva de la concesión, como argumentó la semana pasada el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, cuando los legisladores le preguntaron por qué esa dependencia no había ordenado la suspensión de actividades en Cananea.

Guillermo Haro citó el contenido del artículo primero de la Ley Minera, “el cual establece claramente que la aplicación de la ley le corresponde a la Secretaría de Economía. Ésta tiene la facultad clara para la cancelación temporal o definitiva de la concesión y la ley contiene las causales para revocar la concesión”.

Haro refirió que Grupo México tiene en Cananea ocho concesiones para la explotación de cobre que abarcan 3 mil 600 hectáreas e informó a los diputados que la procuraduría sí clausuró a las instalaciones nuevas, particularmente la tinajas 1 (de las que se derramaron los residuos tóxicos el 6 de agosto) y 2. Detalló que ambas constituyen el área que Grupo México había planeado para su expansión en Cananea y que elevarían su producción de 200 mil a 500 mil toneladas de Cobre.

Fuente: vanguardia