De acuerdo con el titular de la PGR, de 2 a 3 millones de pesos recibían por su colusión con el crimen organizado, 600 mil de los cuales eran destinados al control de la policía municipal por parte del cártel Guerreros Unidos.

Murillo Karam confirmó el parentesco de Pineda Villa con dos operadores financieros del grupo dirigido por los Beltrán Leyva: recibía y repartía el dinero.

La PGR también declaró que tanto la Policía Municipal de Iguala como la de Cocula, habían participado en la represión violenta de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre, con motivo de la presentación del Informe de la presidenta Municipal del DIF, Pineda Villa.

Los municipales de Cocula cambiaron la numeración de las patrullas con el objetivo de ocultar el crimen que habían cometido, señaló el propio procurador.

De acuerdo con el relato, los estudiantes fueron subidos a un camión de redilas de color blanco hasta el cerro de Pueblo Viejo, todo lo cual fue avalado por Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, en conversaciones con su lugarteniente "El Gil", bajo el argumento de la "defensa de su territorio en Iguala".

"El Gil" habitaba cerca de varias fosas, donde hasta el momento suman 30 cadáveres, luego del hallazgo de dos más.

Con respecto a los dos primeros exámenes periciales, no se constató evidencia del ADN de los estudiantes en ninguna de las fosas analizadas; por otra parte, un tercer peritaje se encuentra en proceso mientras se mantienen a la espera de los resultados cotejados de los restos y las muestras directas proporcionadas por los familiares.

Por ello, la esposa de José Luis Abarca, el exalcalde prófugo y el director de la SSP, Felipe Flores Velázquez, recibieron órdenes de aprehensión.

Fuente: SDPnoticias