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El pasado 21 de septiembre del 2013, uno de los agraviados solicitó la investigación sobre posibles violaciones a derechos humanos en relación con la detención ilegal y maltrato físico que atribuyó a agentes de Seguridad Pública del estado asignados a Ciudad Valles.
La persona manifestó que, el día anterior aproximadamente al mediodía, se encontraba limpiando parabrisas en compañía de otra de las víctimas y dos testigos. Notó la presencia de un helicóptero por el lugar y pasaron varias unidades de Seguridad Pública del Estado. Una patrulla se estacionó y agentes de la Policía Estatal procedieron a su detención.
Declaró que lo subieron a la patrulla, se dirigieron rumbo a la localidad “Laguna del Mante”, tomaron una brecha y, en un sitio despoblado cerca de una casa abandonada, los policías lo golpearon en el estómago, lo introdujeron a un cuarto que se ubica en la planta alta y le dieron patadas en el pecho y en las costillas.
Además sintió toques eléctricos en la espalda, le dieron puñetazos en la cara y golpes en la cabeza: pedían información de una persona señalada como el “levantado”. Señaló que una patada que le dieron en la cara provocó que perdiera el conocimiento.
Al despertar, relató, se encontraba tirado en camino de una terracería, junto con sus tres compañeros. Recibió auxilio de agentes de la Policía Federal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, y después lo trasladaron al Hospital General de Ciudad Valles, San Luis Potosí, para recibir atención médica.
Ese mismo día, formuló una denuncia penal en contra de los agentes que lo detuvieron y torturaron ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador, Mesa I de la Subprocuraduría Regional para la Huasteca Norte.
La segunda víctima agregó que lo detuvieron junto con su compañero y señaló que los agentes de la Policía Estatal le dieron diversos golpes en los glúteos con una tabla de madera y en la cara hasta que sangró de la nariz.
Sintió que le aplicaron toques eléctricos en el tórax y le pegaron en los pies con un palo para que proporcionara información respecto de una persona “levantada”.
De acuerdo con el expediente clínico que se elaboró a la primera víctima, se advierte que presentó trauma craneoencefálico, fractura costal izquierda de 7,8 y 9 arcos, hematomas, dolor a la palpación, herida de 2.5 cm en región ciliar izquierda, hemorragia conjuntival izquierda con edema equimosis palpebral y herida de 3 centímetros en mentón.
VERSIÓN DE LOS AGENTES
En el informe de la autoridad responsable se precisó que los agentes de Seguridad Pública del estado procedieron a la detención de las víctimas después de que una persona los denunció por faltarle el respeto y haber golpeado su vehículo, por ello acudieron al lugar.
Al no existir flagrancia ni delito qué perseguir, se señala, los dejaron en libertad.
Sin embargo, las cámaras de vigilancia de la zona confirmaron lo que denunciaron los afectados.
En lo que corresponde al derecho de acceso a la justicia, quedó en evidencia que el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Mesa de la Subprocuraduría Regional para la Huasteca Norte inició la averiguación previa con el informe que recabaron los agentes de la Policía Ministerial del Estado, por la visita realizada por la directora del Hospital General de Ciudad Valles, donde informó del ingreso hospitalario de las víctimas y sus lesiones.
Sin embargo, no realizó actuaciones para la investigación de los hechos y se advierte que la averiguación previa no registra mayores actuaciones para acreditar los elementos del tipo penal ni la probable responsabilidad de los inculpados.
PETICIÓN DE LA CEDH
Ante estos hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recomendó a la DGSPE la reparación del daño en favor de ambas víctimas, que incluya tratamiento médico y psicológico necesario para restablecer su salud física y emocional; colabore en la integración de la averiguación previa , radicada en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Investigador, en Ciudad Valles, con el propósito de que se integre en debida forma la indagatoria penal, así como en la integración del Expediente Administrativo en la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública, en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos.
Además se pide que se inscriba en el Registro Nacional de Víctimas a ambos agraviados, previsto en la Ley General de Víctimas. Y se incluya en el programa de capacitación a los elementos operativos de la Dirección de Seguridad Pública del Estado con destacamento en Ciudad Valles, el tema de derechos humanos, los derechos que prevalecen durante la detención, así como de prevención de la tortura.
Al Procurador General de Justicia del Estado, Miguel Ángel García Covarrubias, se recomendó practicar diligencias necesarias e indispensables para integrar en debida forma la averiguación previa para que se determine conforme a derecho sobre la procedencia o no del ejercicio de la acción penal; instruya al Visitador General de esa Procuraduría General de Justicia para que en ejercicio de sus atribuciones inicie una investigación de los hechos y en su oportunidad turne el asunto al Órgano de Control Interno e incluya en el programa de capacitación a Agentes del Ministerio Público adscritos a la Subprocuraduría Regional para la Huasteca Norte, el tema de derechos humanos, en particular la investigación efectiva, la prevención e investigación de la tortura así como del Protocolo de Estambul.
