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La Procuraduría General de la República (PGR) sólo busca la manera de justificar la matanza de los normalistas y civiles, además de los 43 desaparecidos por policías municipales en Iguala la noche del 26 de septiembre, y trata de ligarlos a la delincuencia organizada y grupos insurgentes, coincidieron el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organizaciones Civiles Defensores de los Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández.
Por su parte, el estudiante y vocero del comité estudiantil Ricardo Flores Magón, Uriel Alonso Solís denunció que la PGR ha tratado de modificar las declaraciones que han hecho los normalistas a la dependencia.
Abundó que, al momento de firmar las declaraciones los estudiantes se han percatado de que los agentes federales que recogen los testimonios modifican los hechos, y han tratado sin poder lograrlo de incluir lo informado por el Procurador José Murillo Karam, de que lesionaron a un chofer que se resistió al intento de retener un autobús, hecho que desmintió.
Sin embargo no quiso abundar más en los hechos porque en los próximos días se dará a conocer la cronología de los sucesos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en la ciudad de Iguala.
En declaraciones por separado, al finalizar la peregrinación desde la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa hasta el zócalo de Chilpancingo, los representantes de las organizaciones afirmaron que hay una desviación en las investigaciones, porque la PGR está incriminando a los estudiantes de tener nexos con grupos insurgentes y la delincuencia organizada.
El abogado de Tlachinollan consideró que el gobierno federal trata de tergiversar las investigaciones como un mecanismo de control de daños que pretende hacer frente a un movimiento estudiantil que va creciendo y “puede trastocar y poner en jaque al gobierno de Peña Nieto”.
Reiteró que las líneas de investigación deben estar en torno al proceso de criminalización y el hostigamiento que la normal sufre, y que la impunidad de autoridades estatales y federales no se debe limitar a las autoridades municipales.
El procurador señaló el miércoles que los autores materiales del atentado a los normalistas fueron el alcalde prófugo de Iguala José Luis Abarca Velázquez, y su esposa Ángeles Pineda Villa, esta última “la principal operadora de las actividades delictivas desde la presidencia municipal” del grupo Guerreros Unidos.
El abogado de Tlachinollan, reiteró que las declaraciones sobre la investigación del procurador de la República son parciales porque no incluyen las de los estudiantes normalistas que desde el lunes comenzaron a rendir los hechos a la PGR.
Indicó que en los próximos días se presentará de manera pública la cronología de los hechos ocurridos en Iguala, que han sido recopilado de 90 testimonios de normalistas que estuvieron en los ataques y de los que llegaron a apoyar a sus compañeros tras el atentado cometido por policías y sicarios.
El abogado Rosales Sierra, manifestó que la falta de resultados de las autoridades evidencia que ni ellos tienen certeza de dónde pudieran estar los normalistas desaparecidos, y reprochó que durante 15 días el gobierno federal no asumió su responsabilidad en el caso, lo que han complicado la búsqueda.
Expuso que, en las investigaciones hay inconsistencias porque se habla de el hallazgo de 30 cuerpos exhumados de seis fosas clandestinas, sin embargo hay 43 desaparecidos. “Hay una serie de inconsistencias en la investigación que a lo único que nos conducen es a identificar que no hay nada”.
Por su parte, el secretario técnico de la Red, Olivares Hernández, dijo que el gobierno ha tenido el tiempo suficiente para cambiar las versiones y las causas de los hechos, “van a encaminar a criminalizar a los muchachos para difamarlos… quedaran como responsables de los que les pasó”.
Recriminó que el gobierno tenga la inteligencia con la intervención de los teléfonos de los dirigentes sociales y no de los criminales, “no es posible que la inteligencia no conozca donde anda los delincuentes y los nexos de los alcaldes con organizaciones delictivas”.
