Por siete horas los familiares de los alumnos de Ayotzinapa asesinados y desaparecidos, en reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, negociaron una minuta de 10 puntos para agilizar la búsqueda y localización de los normalistas, así como la justicia para quienes fueron asesinados.

La reunión, que inició alrededor de las 2 de la tarde y que estaba previsto que duraría sólo hora y media, se extendió hasta que las partes llegaron a un acuerdo, aunque al final los familiares no se dieron por satisfechos. Sin embargo, el presidente se mostró optimista en una conferencia de prensa realizada tras el diálogo.

Peña Nieto firmó un acuerdo de 10 puntos con los familiares de las víctimas de una desaparición forzada por parte de policías municipales de Iguala, Guerrero, en conjunto con el crimen organizado. Entre los puntos se pactó centrar la búsqueda de los jóvenes con vida, apoyar a las familias de las seis víctimas fatales y garantizar la sobrevivencia de las normales rurales en el país.

Tras una reunión de poco más de siete horas, el presidente aceptó el pliego petitorio que incluye la formación de una comisión mixta entre Segob y PGR que establecerá "mecanismos ágiles para proporcionar toda la información necesaria a padres de familia, con el objeto de respetar su derecho a coadyuvar en la investigación que se realiza por los hechos”.

El punto uno indica que "el gobierno de la República profundizará, y en su caso, rediseñará el plan de búsqueda que la Secretaría de Gobernación presentó a padres de familias, estudiantes, abogados y representantes de organizaciones civiles".

Una de las prioridades es centrarse "en la búsqueda con vida de las personas desaparecidas, lo anterior, con independencia de continuar con las líneas de investigación que se realizan por la Procuraduría General de la República".

La Presidencia de la República se comprometió a que las instancias de seguridad que participan en la investigación brindarán “todas las facilidades y apoyos al equipo argentino de antropología forense, habilitados ya en la investigación como peritos, para que puedan ejercer con prontitud, seguridad y certeza el proceso de identificación de todos los hallazgos”. Los peritos extranjeros tienen el apoyo de un helicóptero y escoltas para realizar sus labores.

Otro de los puntos manifiesta que el gobierno reconoce a los integrantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos “como un comunidad estudiantil que se encuentra agraviada por los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre del año en curso, y en esa medida, como se ha venido haciendo hasta ahora se le respetarán todos sus derechos humanos, su honra y su reputación”.

El gobierno de la República, indica el documento firmado el presidente y los familiares, “se compromete a la reparación integral del daño respecto de las víctimas u ofendidos de las personas fallecidas en los hechos”, es decir, los tres estudiantes, el joven futbolista de tercera división, el chofer y la pasajera de un taxi que murieron tras el ataque de los policías de Iguala.

Para los estudiantes que resultaron heridos, “se compromete a continuar con la prestación de toda la atención médica que sea necesaria hasta el total restablecimiento de las personas que resultaron lesionadas por los hechos materia de esta minuta, en especial, los estudiantes Edgar Andrés Vargas y Aldo Gutiérrez Solano”.

Las normales rurales del país, según el acuerdo, tendrán un programa de “redignificación de la infraestructura y los espacios, para lo cual se establecerá una mesa de trabajo con representación de dichas instituciones educativas, que definirá un programa para la atención integral a fin de que proporcionen educación de calidad en los términos de la Constitución”.

Se acordó que una comisión de trabajo, integrada por familiares, representantes de organizaciones civiles y gobierno federal, se reunirán hoy con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para aceptar su asistencia técnica y definir las medidas cautelares del caso.

El documento de 10 puntos fue firmado por el presidente Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el procurador, Jesús Murillo Karam; una comisión de ocho familiares de los 43 desaparecidos y dos representantes del comité estudiantil de Ayotzinapa.

Tras la firma del acuerdo, el mandatario emitió un mensaje en el salón Adolfo López Mateos donde dijo que “por igual está indignado ante estos hechos y recogí también la gran impaciencia que hay, porque las averiguaciones que se vienen realizando muy pronto nos permitan determinar el paradero y ampliar la búsqueda para encontrar a los estudiantes hoy desaparecidos”.

Calificó la reunión con los familiares como “un espacio que busca generar confianza para que realmente, en el alcance a las investigaciones que está llevando a cabo la Procuraduría General de la República, nos permita como punto prioritario dar con el paradero de los jóvenes estudiantes hoy desaparecidos y apoyar otros temas”.