La cadena de responsabilidades tras el ataque a estudiantes normalistas de Ayotzinapa crece. La Procuraduría General de la República (PGR) indaga ahora la actuación de autoridades del gobierno de Guerrero. Esta semana, el fiscal general y el jefe de la Policía del estado comparecieron ante la SEIDO.
Incluso, y como confirmó ayer el jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomas Zerón, el propio ex gobernador Ángel Aguirre podría ser citado a declarar.
Fuentes ministeriales confirmaron a 24 Horas que hasta ahora no existen cargos en contra de algún funcionario del gobierno de Guerrero, sin embargo se analizan distintos informes y declaraciones y no se descarta que en los próximos días pudiera haber nuevas consignaciones.
La indagatoria referente a la actuación de los funcionarios estatales abarca posibles irregularidades tanto por acciones dolosas, como por posibles complicidades, o por omisiones en la actuación.
Según las fuentes consultadas, son tres aspectos los que de inicio se verifican.
El primero de ellos es el levantamiento que hizo la fiscalía estatal de los primeros 28 cuerpos encontrados en fosas clandestinas en Iguala y la recolección de muestras genéticas. Tras un análisis preliminar se encontraron anomalías en los procedimientos periciales por lo que se verifica si se trató de falta de pericia o de un intento por alterar evidencias.
Otro punto que se verifica es la actuación de policías estatales y ministeriales en la vigilancia que debió realizarse al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, y del jefe de la Policía de ese municipio Felipe Flores Velázquez, quienes ahora son prófugos y cuentan con órdenes de aprehensión en su contra por el homicidio y desaparición de los normalistas.
El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong reiteró ayer que pidió por lo menos en dos ocasiones al gobernador Aguirre que se vigilara tanto a Abarca como a Flores, y éste le reiteró que sí lo hizo, sin embargo, los sospechosos igual se fugaron.
El tercer aspecto que verifica la PGR son las declaraciones de Sidronio Casarrubias Salgado, líder detenido del grupo delictivo Guerreros Unidos, quien apuntó que autoridades estatales están coludidas con el crimen organizado, y puso de ejemplo al fiscal Iñaki Blanco, quien supuestamente recibió pagos de 300 mil dólares del grupo antagónico de Los Rojos.
Ya comparecieron
El miércoles por la noche comparecieron en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) el fiscal general del estado, Iñaki Blanco; el vicefiscal, Ricardo Martínez Chávez, y el secretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Octavio Vázquez Pérez.
Los tres se presentaron en calidad de testigos y ofrecieron un informe solicitado por la PGR sobre la actuación de sus respectivas dependencias. Ayer jueves se les permitió irse y regresaron a Guerrero con la observación de que estén localizables par futuros llamados.
Cabe recordar que Iñaki Blanco fue en el sexenio pasado funcionario de la PGR y participó en algunas investigaciones de alto impacto como la Operación Limpieza o el llamado “Michoacanazo”, casos que posteriormente terminaron desmoronándose.
