Para frenar la incursión del narcotráfico en los municipios y aliviar el descontento social del país, el presidente Enrique Peña Nieto fijó un nuevo plan de seguridad y justicia, que través de un amplio paquete de reformas disolverá las policías locales, robustecerá las leyes en materia de derechos humanos y atacará la debilidad institucional.

Ante gobernadores y líderes de los poderes Legislativo y Judicial, Peña Nieto afirmó que “México no puede seguir así, asumo la responsabilidad de la lucha para liberar al país de la criminalidad, para acabar con la impunidad y lograr que todos los culpables de la tragedia de Iguala sean castigados”.

Para enfrentar el desafío, el presidente propuso el decálogo Por un México en Paz con Justicia y Desarrollo, que incluye como primera acción el envío al Congreso de la Unión, el próximo lunes, de un paquete de tres iniciativas que buscan recuperar el Estado de derecho, principalmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, entidades donde se concentran los mayores conflictos sociales y de seguridad.

Una de las reformas incluye la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales, con ésta, la Federación estará facultada para asumir “el control de las policías municipales” o disolver “un Ayuntamiento cuando existan indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con la delincuencia organizada”.

El gobierno federal advirtió una desorganización en la distribución de competencias institucionales para enfrentar a la delincuencia, por lo cual, otra de las iniciativas buscará redefinir “todo el sistema de competencias en materia penal, así nadie podrá usar como pretexto el complejo sistema de competencias penales para rehuir sus responsabilidades”.

De acuerdo con el mandatario nacional, las policías municipales son el eslabón más débil y susceptible de ser cooptado por el narcotráfico, para enfrentar esa problemática, también el lunes enviará al Congreso una tercera “iniciativa de reforma constitucional para crear las policías estatales únicas”.

Con el cambio se pasará de “más mil 800 policías municipales débiles, que con facilidad pueden ser corrompidas por la delincuencia, a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal, que sean más confiables, más profesionales y más eficaces”.

Las nuevas policías estarán homologadas en cuanto a salarios, equipamiento y protocolos de actuación, y ante el presupuesto requerido para la transformación, Peña Nieto propone “que los primeros cuatro estados en adoptar este modelo sean Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. Y para asegurar que así sea, la iniciativa prevé sanciones para los presidentes municipales que no entreguen el mando policial, así como para los gobernadores que no lo ejerzan”.

Otra de las acciones es habilitar el número 911 en todo el país para que “los mexicanos cuenten con un número único para pedir auxilio en casos de urgencia y poder acceder a otros servicios de ayuda y orientación”. Otra de las medidas es que cada ciudadano cuente con un número de identificación personal que le permita acceder más fácilmente a trámites y servicios gubernamentales”.

Entre las medidas de seguridad inmediatas, el presidente instruyó al Gabinete de Seguridad a desplegar fuerzas federales en Guerrero, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas, y hacer un diagnóstico para identificar otras entidades que requieran el apoyo urgente.

El mandatario dijo que otra de las acciones será robustecer el sistema de derechos humanos a través de nuevos protocolos para investigar la tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, además se creará un sistema nacional de búsqueda de personas no localizadas, así como un sistema nacional de información genética.