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En su discurso del jueves Peña Nieto hizo propia la expresión de “Todos somos Ayotzinapa” que se ha escuchado en marchas y ha llenado pancartas en numerosas movilizaciones desde la desaparición de los jóvenes hace dos meses.
“El grito de Todos somos Ayotzinapa es un llamado a seguir transformando a México”, afirmó Peña Nieto. En respuesta, la liga de derechos humanos le respondió con el hashtag #AyotzinapaSomosTodosMenosEllos.
Los jóvenes, que estudiaban en la escuela rural normal para maestros de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero, fueron presuntamente asesinados después de ser entregados por policías municipales a un grupo criminal el 26 de septiembre.
Varias organizaciones de derechos humanos han cuestionado las medidas anunciadas por Peña Nieto, mientras que analistas políticos señalan que hay puntos positivos, como la propuesta de hacer obligatoria la unificación de cuerpos policiales, pero que faltó autocrítica ante la actual crisis de liderazgos.
“Todas las instituciones políticas están tocadas, son parte del problema”, dijo Guillermo Valdés, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el servicio secreto mexicano.
Peña Nieto anunció una serie de medidas en materia de seguridad, legalidad y desarrollo, muchas de las cuales tienen que pasar por el Congreso.
Entre ellas figura la desaparición obligatoria de los 1.800 cuerpos de policía municipales y su reemplazo por 32 cuerpos policiales estatales más sólidas, empezando por los estados más violentos: Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas.
También planteó una reforma constitucional para que puedan disolverse los gobiernos municipales que se demuestre que están aliados con el crimen organizado, a fin de que el gobierno federal asuma el control.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) señalaron que muchos de los anuncios, como la creación de un sistema de búsqueda de personas desaparecidas, son cuestiones que ya existían pero quedaron en el papel o son sólo “cambios cosméticos”, en palabras de AI.
“Pareciera ser que el gobierno no hace más que reeditar el mismo producto con un nuevo envoltorio”, cuestionó el director para las Américas de HRW, José Manuel Vivanco.
“La efectividad del gobierno para abordar la enorme y grave crisis de derechos humanos que enfrenta México está en su capacidad de mostrar resultados, y no en los anuncios y promesas de lo que va a hacer, que en teoría debía ya haber hecho”, indicó.
Para AI, las medidas anunciadas “se quedan cortas” frente al nivel de abusos que existen en el país y son “como tratar de arreglar una pierna rota con una bandita”.
“Son superficiales y representan la misma retórica gubernamental de los últimos años”, dijo Erika Guevara, directora de la organización para las Américas. Además, el presidente “debería haber reconocido que el Estado mexicano tiene la responsabilidad última” de la crisis de derechos humanos.
El lunes, cuando se cumplen sus primeros dos años de gobierno (2012-2018), Peña Nieto enviará al Congreso tres iniciativas de reforma constitucional para concretar algunas de las reformas.
Estas son la iniciativa para crear una ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales, otra para redefinir el sistema de competencias en materia de seguridad y la unificación de las policías.
