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La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas para obligar a funcionarios encargados del bloqueo de señales de telefonía y radiocomunicación en los penales, así como a los concesionarios de estos servicios, a presentar un informe semestral de su funcionamiento y con ello, disminuir los índices de extorsión.
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Anaya, señaló que "consideramos de fundamental importancia legislar para que los funcionarios y servidores públicos respondan por sus actuaciones , por ello esta iniciativa contribuye a inhibir y combatir la corrupción por parte de los servidores públicos, así como la posible complicidad de quienes tienen una concesión pública en materia de comunicaciones".
El dictamen de reforma al artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que la extorsión telefónica desde las cárceles del país es una conducta constante de los reos para seguir delinquiendo.
Recuerda que en abril de 2012 se permitió el bloqueo de señales para el uso de teléfono celular desde la prisión.
Y es que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en México se cometieron 5 millones 994 mil 34 extorsiones, en 2012.
Los legisladores dijeron que desde el interior de los penales se genera el 95 por ciento de las llamadas con fines de extorsión, que de acuerdo al Consejo por la Ley de los Derechos Humanos en 2013 se intentaron 6 mil 800 extorsiones por día, que el 30 por ciento de los afectados pagaron la extorsión y los extorsionadores obtuvieron más de un millón 350 mil pesos en todo el país.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Javier López Zavala, afirmó que "el ilícito se basa en el uso de las tecnologías, principalmente en teléfonos celulares, para obligar a las personas que les otorguen dinero a través de engaños o amenazas, siendo ésta una vía muy lucrativa para aquellos delincuentes que desean obtener dinero dentro del reclusorio".
Por ello esta reforma obliga a autoridades responsables de la operación de equipos y concesionarios de las redes públicas de telecomunicaciones a entregar a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario un informe cada seis meses sobre los resultados de su trabajo.
En caso de incumplimiento, la Conferencia deberá dar cuenta a la autoridad competente.
La reforma fue aprobada por 408 votos a favor y turnada al Senado para su análisis.
