Ante legisladores de la Cámara de Diputados, Alfredo Castillo Cervantes, comisionado federal en Michoacán, reiteró que la situación de violencia en el estado registraba mejoras a un año de instalada la estrategia; al mismo tiempo, afuera del recinto, manifestantes exigieron la salida del funcionario, a quien acusaron de empeorar la seguridad de los michoacanos.

La falta de detenciones de integrantes del crimen organizado, particularmente de Servando Gómez, alias “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios, los asesinatos ocurridos recientemente en Apatzingán, el mal uso de recursos públicos, la ruptura en los grupos de autodefensas, e incluso la permanencia de la comisión en el estado, fueron algunos de los temas que los diputados pusieron sobre la mesa de trabajo.

En tanto, las mismas inquietudes eran desbordadas por un centenar de personas a las afueras de San Lázaro, donde el alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, y la esposa del ex líder de autodefensas, José Manuel Mireles acusaban a “El Virrey” (como sus detractores lo apodan) de haber actuado a favor de algunos, lo cual derivó en una crisis de seguridad que persiste.

“Las cosas en Michoacán están peor y no habrá las condiciones para que lleven a cabo las elecciones, por más que quieran engañar al pueblo, por más que quieran maquillar las cosas, por más que callen a los medios de comunicación y a los mexicanos”, advirtió Valencia en entrevista con 24 Horas.

No pagan “derecho de piso”

Mientras, al interior del salón verde, Castillo Cervantes afirmó que pese a deficiencias como la carencia de policías y los 10 años de abandono en el que se encontraba Michoacán, actualmente había indicadores “más allá de la estadística, del debate, que se muestran por sí solos” y reflejaban un estado diferente.

A un año de instalada la comisión, dijo, Michoacán se ubica en el lugar 15 de la incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes en el país. Reiteró que delitos como el secuestro y la extorsión se redujeron al grado de que “ya no se paga el derecho de piso”. Y que hechos de violencia como los enfrentamientos en Apatzingán y La Ruana fueron esclarecidos.

“Quienes digan que la situación es diferente, yo les pediría que nos den los números de averiguación previa o de denuncia para que puedan ser validados e investigados”, exhortó Castillo.

“En Apatzingán afirman que no fue un enfrentamiento, sino que se trató de una masacre, de detenciones arbitrarias, de ejecuciones por parte de policías cuando las personas ya se habían rendido y estaban desarmadas. No podemos permitir que ése sea el modus operandi del gobierno”, refutó el legislador blanquiazul, Fernando Rodríguez Doval.

En tanto, la diputada del PT, a diputada Lilia Aguilar Gil, sacó a flote en su intervención las manifestaciones contrarias a la percepción del comisionado que se registraban en ese momento. “No sé si algunos de ustedes habrán notado que afuera de este recinto no solamente solicitan su destitución, sino que esta Cámara está afuera con manifestantes que hablan ya de asesinatos, robos, extorsiones en el estado y la solicitud de la pronta salida de Alfredo Castillo. Eso es lo que piden los michoacanos”.

En efecto, la mesa de trabajo continuaba cuando al exterior, Ana Valencia, esposa del doctor José Manuel Míreles, preso desde el 17 de junio de 2014, denunciaba  a este diario la detención arbitraria y las violaciones a derechos humanos que padecía su cónyuge, así como los numerosos crímenes que ocultaba a la opinión pública el propio Castillo. Acusó que sumaban 383 autodefensas presos injustamente.

“Alfredo Castillo le está mintiendo a todo el mundo, y a quiénes vivimos en las escenas de los crímenes porque él no está diciendo la verdad; la verdad no es lo que él dice”, señaló.

En respuesta a un cuestionamiento similar hecho en la comparecencia por la legisladora petista, Alfredo Castillo aseveró que “no hay autodefensas encarcelados; lo que tenemos es gente que en su momento cometieron un delito, pero ninguno ha sido consignado por el simple hecho de autodenominarse o ser llamado autodefensa.

”Los hechos están perfectamente claros y enmarcados de que hay avances significativos, sobre todo en tres puntos específicos: el debilitamiento de los Templarios, la transición pacífica de los grupos de autodefensa a las instituciones, y que la gente volvió a salir a las calles y que el tema de la extorsión dejó de existir”, concluyó el comisionado.