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Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que 643 mil personas dejaron la economía informal y se inscribieron al Régimen de Incorporación Fiscal para pagar impuestos, lo cual representa sólo 2.6% de los mexicanos que trabajan en la economía subterránea.
“Hoy el reto está en convencer a los 29 millones de mexicanos que aún se encuentran en la economía informal para que migren a la formalidad y sean receptores de sus beneficios, como lo es seguridad social y financiamiento”, manifestó.
El funcionario dijo que es necesario que ellos empiecen a construir ese mecanismo de pensión para que cuando termine su etapa productiva puedan tener una pensión.
Aunque hay incentivos para quienes se incorporen a la economía formal, también habrá sanciones para quienes se empeñen en mantenerse en la informalidad, señaló.
El encargado de la agenda recaudatoria mencionó que muchos de los trabajadores informales no tuvieron otra alternativa que dedicarse a la informalidad, lo cual los coloca en desventaja pues carecen de los derechos sociales y laborales de los trabajadores formales, entre ellos a la seguridad social.
Añadió que las reformas estructurales aprobadas permitirán generar un ambiente propicio para que los negocios generen fuentes de empleo formales, sin embargo la autoridad fiscal debe ser sensible ante esta situación y convencer a los informales de inscribirse al RIF.
Mano dura
Por no inscribirse al Régimen de Incorporación Fiscal la multa es de mil 200 pesos, por cada factura o comprobante que no haya emitido, multas desde 13 mil 700 hasta 69 mil pesos, también el aseguramiento de mercancía e incluso clausuras preventivas de los negocios, expuso Núñez Sánchez.
De los 4.2 millones de contribuyentes que se encuentran ya en el Régimen de Incorporación Fiscal, más de 372 mil presentaron su declaración, precisó.
El monto de lo declarado al momento son: mil 300 millones de pesos de ISR—que no se reflejará en ingresos para el SAT, pues el 100% les será devuelto a los contribuyentes como incentivo por pasarse a la economía formal–, 60 millones de pesos de IVA y un millón de pesos por IEPS, expuso el jefe del SAT.
“Tenemos registrado que aproximadamente son 110 mil millones de pesos de operaciones asociadas a estos contribuyentes, los 416, en algunos de los casos se trata de operaciones simuladas, no todas son así”, recordó.
Pese a que son 416 las empresas señaladas de emitir facturas de operaciones inexistentes, el SAT actualizó su estimado de contribuyentes que adquirieron alguno de esos comprobantes fiscales.
“Es el efecto de la cascada, porque son generadores de facturas que nosotros presumimos que son falsas y que 12 mil contribuyentes pudieron ser sujetos de usar esas facturas y podrían hacer acreditable o deducir un gasto para efectos del ISR de manera indebida”, expresó.
De confirmarse el uso esos documentos, las empresas asociadas con estas prácticas tendrían que pagar alrededor de 30 mil millones de pesos por ISR y 16 mil millones por IVA, concluyó Aristóteles Núñez.
