En la calle Ayuntamiento tres niños discuten apasionadamente. Comparten un aperitivo de churritos de maíz con chile. A la distancia se escuchan palabras como “gas lacrimógeno”, “toletes [porra]”, “escudos”. Los chavales comentan el único tema del que se habla en San Bernardino Chalchihuapan (en Puebla, en el centro de México): una manifestación en contra de la reubicación del registro civil que bloqueó la autopista el pasado 9 de julio. El bloqueo hubiera sido una más de las numerosas protestas que se llevan a cabo en el país de no ser por la muerte de un niño indígena de 13 años, José Luis Tehuatle, que falleció 10 días después de recibir un golpe en la cabeza. El hecho ha dado pie a semanas de acusaciones cruzadas entre los habitantes del pueblo y el Gobierno del Estado, que ordenó disolver la manifestación amparado en una polémica ley que permite el uso de la fuerza.

“Estamos tristes y enojados”, dice Antonio, de 11 años, que conoció a José Luis porque es compañero de una de las tres hermanas del difunto. Otro de ellos lo había tratado en la catequesis. Los habitantes del pueblo llevan días revisando una y otra vez los numerosos vídeos en YouTube que muestran la batalla campal entre policías estatales y pobladores, que respondieron a los gases lacrimógenos con piedras y petardos. “Sólo nos defendimos del Gobierno”, dice Jesús, que asegura que su primo, de 21 años, fue enviado al hospital por una bala de goma disparada por la policía.

Chalchihuapan toma su nombre del náhuatl, lengua de los aztecas, que quiere decir “lugar donde hay piedras”. A la entrada del pueblo de 6.000 habitantes, que se encuentra a poco más de dos horas de la capital del país, un par de canteras confirman el descubrimiento de los antiguos mexicanos. Campos de maíz y otras cosechas al pie de la loma complementan la actividad económica del modesto poblado. Tras el incidente, en algunos muros se pueden leer mensajes que responsabilizan a Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, de lo sucedido.

“El niño ni estaba en la manifestación. Fue una bala perdida lo que lo mató”, dice Rolando, un comerciante que vende verduras en el mercado de Chalchihuapan. Su puesto ha sido instalado frente al edificio de la presidencia auxiliar. Una gigantesca pancarta que cuelga del segundo piso del edificio muestra una foto de José Luis con el rostro cubierto de sangre. Junto a la imagen se lee: “¡Moreno Valle, asesino! Mataste a un niño con tus balas de goma”.

El uso de este tipo de munición ha sido un tema central del debate. El fiscal de Puebla, Víctor Carrancá, ha señalado que la policía estatal no usa balas de goma. Los habitantes de Chalchihuapan, sin embargo, han presentado a los medios de comunicación imágenes con restos que recogieron horas después del enfrentamiento: decenas de latas de gas lacrimógeno y proyectiles de caucho. La versión oficial señala que fueron los habitantes los que comenzaron con la violencia y que el niño murió debido al efecto de una onda expansiva provocada por un cohete lanzado por los habitantes del pueblo a la policía. Esto contradice a la versión popular. “Fue una bala de goma, fue una bala de goma”, dice Rolando. “Si hubiera sido un cohetón le hubiera despedazado la cabeza”, asegura.

En mayo pasado, el gobernador Moreno Valle envió a los legisladores una iniciativa de ley para regular el uso legítimo de la fuerza. En ella, se proponía que la policía pudiera usar armas de fuego y armas no letales en manifestaciones. El Congreso local la aprobó sin discusión, pero matizó el texto para apaciguar las críticas de las ONG. Tras el episodio en Chalchihuapan, las autoridades han admitido que los policías emplearon gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. La Ley Bala contempla el uso de “armas no letales” entre las que están porras, agentes químicos, dispositivos electrónicos y armas noqueadoras, pero no precisa las características específicas de los dispositivos.

Tras el suceso de Chalchihuapan el gobernador de Puebla ha pedido al Congreso derogarla y reemplazarla por una que especifique la actuación de la policía en las manifestaciones, aunque ese cambio queda pendiente.

En la modesta casa de José Luis nueve mujeres preparan tortillas de maíz para recibir a aquellos que rezarán el novenario. Su madre, Elia Tamayo, se lamenta porque la violencia le ha arrebatado al único “hombrecito” de la casa. “¿Qué culpa tiene el niño, si él era inocente?”, dice mientras abraza un retrato de la confirmación de su hijo. Ahora quedan ella y sus tres hijas. Entre lágrimas agradece el apoyo de los migrantes del pueblo que han enviado dólares desde Estados Unidos para ayudarle después de la tragedia.

El día de su muerte José Luis había pasado a su casa para cambiarse la ropa y ayudar a su madre en el campo. Elia asegura que su hijo no formó parte de la manifestación. El Gobierno de Puebla, sin embargo, ha publicado varias imágenes de un joven vestido con una camisa naranja y unos vaqueros, la misma ropa que usaba la víctima, sosteniendo una pancarta en el bloqueo a la carretera. 

La abuela de José Luis denuncia presiones de las autoridades. “El doctor me pidió que firmara unos papeles cuando murió mi nieto, pero le dije que no porque no sé leer”, dice en un atropellado castellano. El acta de defunción del menor señala como causa de muerte una “fractura de cráneo secundaria a un traumatismo”. Imágenes de la necropsia en poder de EL PAÍS muestran que ni la cabeza ni el cabello del niño tenían quemaduras. Las autoridades han reconocido que no han encontrado restos de pólvora en el cuerpo del menor.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya ha comenzado a investigar qué sucedió la mañana del 9 de julio. Integrantes del organismo se han trasladado a Puebla para entrevistar a testigos. Sus pesquisas pueden echar un poco de luz en la controversia que se ha creado y que parece indicar que una de las partes está mintiendo.