No hay un interés personal o político por causar un daño a la reputación de nadie, solo quiero contribuir a evitar que estos eventos se repitan. Esta vez les pasó a los habitantes de Chalchihuapan, mañana puede pasarle a usted o a mí, amable lector, si hoy no hacemos algo.
Me parece que ningún gobierno tiene derecho a reprimir a ciudadanos que se manifiestan en contra de algún acto de autoridad. Puede ser que los manifestantes estuviesen motivados por intereses políticos, puede ser que los manifestantes estuviesen preparados para librar una batalla violenta con la policía, incluso puede ser -como fue de hecho- que los ciudadanos se enfrenten y lesionen a uniformados. Todos los anteriores son supuestos reales pero no justifican la agresión de los cuerpos de seguridad del Estado, no esa clase de agresión.
Como lo demostró CAMBIO en la reconstrucción de hechos, no hubo de parte de la autoridad el interés de negociar, persuadir o presionar para que los manifestantes retiraran el bloqueo por la vía del diálogo. Solamente pasaron 15 minutos desde que llegaron los cuerpos policiacos al lugar del bloqueo hasta que comenzaron los tiros. Los hechos demuestran que el gobierno salió a reprimir no a negociar, salió a tirar gases y proyectiles, no a persuadir. Es evidente que el gobierno de Puebla quería enviar un mensaje a todos los que pretendieran disputar, contravenir, cuestionar u oponerse a sus intereses: “si lo haces te ataco, te golpeo, te encierro en la cárcel y no tienes defensa”.
No parece una casualidad que el proyecto original de la conocida popularmente como “Ley Bala”, pretendiera dotar de total discrecionalidad a los cuerpos de seguridad para utilizar la fuerza en contra de los ciudadanos que se manifiestan. Los términos de la ley que se aprobó no eran los que el Ejecutivo envió, en buena medida gracias a la oposición de muchas organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y ciudadanos independientes que lograron modelar una ley menos abusiva. Lo cierto, lo real, es que dejó el tufo de una pretensión autoritaria de parte del régimen, pretensión que hoy es una realidad lamentable que le costó la vida a un menor, un ojo a un hombre y varias lesiones a uniformados y no uniformados.
La prudencia, la tolerancia, la inteligencia deben estar del lado de quien ejerce la autoridad. Sobre todo si el poder que detenta tiene su origen en una elección democrática.
El bien jurídico más sagrado para la democracia es el derecho a manifestar públicamente la oposición al régimen en turno. Gracias a ese derecho Moreno Valle es gobernador y como tal debería ser el más respetuoso de sus oposiciones. Es ilógico que pretenda presentarse en 2018 como candidato opositor para ser electo por la vía democrática y como gobernante sea autoritario, represor, antidemocrático.
La democracia no es perfecta pero es el mejor sistema de gobierno porque sirve para más cosas a favor de los ciudadanos que los demás sistemas conocidos. El problema viene cuando solo se utiliza como un mecanismo formal de acceso al poder público pero se gobierna sin respetar los límites del derecho y las buenas costumbres.
Descanse en paz el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, a los 13 años pagó con su vida los excesos de un policía que hizo todo menos defender el interés colectivo. Si un menor de edad acude a una manifestación de protesta no debiera ser un atenuante de la responsabilidad de las autoridades por utilizar fuerza desmedida y de manera equivocada. Al contrario, la presencia del menor en ese lugar o en cualquier otro está garantizada por la Constitución y en nada cambia la valoración moral o judicial de lo ocurrido. La protesta social no es un delito, es un derecho.
Luis Alberto es la primer víctima de la #LeyBala y su rostro ensangrentado será el emblema del fraude que resultó Rafael Moreno Valle como gobernador de Puebla. Si, ese que prometió el cambio, ese que nos convenció de abrir los ojos, ese que dijo ser la luz al final del túnel, resultó la noche más oscura. La historia lo juzgará por este y por otros engaños.
Diferentes medios de comunicación pagados por el gobierno del estado salieron a contar el cuento de los policías golpeados, de los petardos y cohetones, las “piedras de gran calibre”, los detenidos por violentar el orden público, y todos esos pretextos que se les ocurren a los publicistas para el manejo de crisis. A esos periodistas les recuerdo que también son parte de la sociedad y que la misma ley que mató a Luis Alberto puede alcanzarlos a ellos.
Apuesto a que existe una masa crítica suficientemente grande en la sociedad poblana que no pasará por alto este triste episodio de la historia. Esos miles o decenas de miles de poblanos harán lo que tengan que hacer para deteriorar la credibilidad en este gobierno, su titular y los lacayos de los medios de comunicación que lo acompañan.
