La recomendación suscrita por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, resultado de la investigación de los hechos ocurridos el pasado 9 de julio en el desalojo de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, perteneciente al municipio de Ocoyucan, Puebla, y en el que perdió la vida el niño indígena José Luis Tehuatlie Tamayo y resultaron lesionadas más de cuarenta personas —seis de ellas de gravedad—, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, investigación contenida en el expediente 2VG/2014 y que se dio a conocer el pasado 11 de septiembre a la opinión pública y al gobierno del estado, nos deja más dudas que certezas, por lo que podría afirmarse que los puntos contenidos en las recomendaciones demuestran el poco profesionalismo del personal de la comisión y la clara intención del Plascencia Villanueva, de tratar de quedar bien con todos los involucrados en algunos puntos y en otros denota su intención de “lavarse las manos como Poncio Pilatos”, para no ser determinante en su resolución.
Así del contenido del documento, existe una ausencia de términos fatales para cumplir con las recomendaciones, tales como la fecha de pago a los agraviados, el término para concluir las investigaciones en contra de los involucrados, quién ofrecerá la disculpa institucional a los afectados de parte del gobierno del estado, entre otros puntos.
Pero lo que no tiene desperdicio para el análisis es la creación de una “fiscalía especial” para investigar los hechos ocurridos el 9 de julio, es decir, una fiscalía que investigará lo que se supone ya indagó personal de la CNDH, misma que por mandato constitucional es quien tiene la última palabra a nivel interno, en casos de violaciones graves a los derechos humanos.
No debemos olvidar aquella frase de Napoleón: “si quieres que un asunto no se resuelva, nombra una comisión”. En este caso nombra una fiscalía que, para el caso, es lo mismo.
En la historia reciente de México, ésta ha sido una táctica de los gobiernos para tratar de demostrar que les interesa y preocupa se investigue a fondo un asunto y se sancione a los responsables, para dejar después que transcurra el tiempo y se olvide el asunto por la ciudadanía.
Ejemplos podemos citar a la Comisión de la Verdad, creada en 1993, a 25 años de la Matanza de Tlatelolco, para investigar los hechos y buscar sancionar a los responsables; la fiscalía para investigar la Guerra Sucia de los años 70 y los crímenes del pasado creada durante el sexenio de Vicente Fox y que después fue relegada al olvido y sus resultados nunca se conocieron, renunciando los responsables de esta tarea; la fiscalía especial creada por Carlos Salinas de Gortari para investigar el homicidio del candidato presidencial fallido Luis Donaldo Colosio; la comisión para investigar los negocios ilícitos de los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún (hijos de Marta Sahagún) sin resultados y en el olvido; y recientemente la Comisión Investigadora del caso Oceanografía nombrada por las Cámaras de Diputados y Senadores, que a la fecha no presenta avances palpables.
Así tenemos que las comisiones y fiscalías, por lo menos en México, sólo han servido para simular que se busca llegar a la verdad de los hechos, para enterrarlos en el olvido de la memoria ciudadana. Por ello, el presidente de la CNDH al plantear la creación de esta fiscalía especial dio la fórmula para que las autoridades estatales sean quienes digan la última palabra en este caso, con un aval que les permite ser juez y parte en las investigaciones.
Sería interesante revisar los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al respecto del actuar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No sería la primera ni la última vez que tenga que corregirles la plana.
