Mientras en Morelos sigue azotando la seguridad el capo Santiago Mazari Miranda El Carrete, las fuerzas de seguridad han redoblado sus actividades que sospechosamente parece politizar la inseguridad: el 12 de enero la policía estatal realizó una incursión violenta en la casa de dos ancianos padres del Vicario general de la Diócesis de Cuernavaca.

Si en comunicación política el medio es el mensaje, la forma en que se anunció la designación de Virgilio Andrade Martínez como secretario de la Función Pública se convirtió en el detonador de una nueva fase en la crítica política.

Si el gobierno federal, la CNDH, los padres de los 43 normalistas secuestrados y asesinados y grupos antisistémicos de derechos humanos fueron a Ginebra a denunciar la peor crisis mexicana en violación de derechos, al final regresaron con las manos vacías porque todos ellos carecieron de propuestas.

Si se quiere enfocar la crisis de derechos humanos en México, la explicación debe buscarse en dos hechos:

Mientras los padres de los 43 estudiantes secuestrados por órdenes del alcalde perredista de Iguala José Luis Abarca marchan y protestan y gritan y piden ayuda a todo el mundo, en Iguala y Guerrero la situación de inseguridad sigue siendo la misma.

En un artículo publicado el miércoles de la semana pasada en El Universal, el politólogo Mauricio Merino se preguntaba si las élites políticas estaban haciendo su tarea de analizar con método la crisis. La respuesta es simple: no. La estrategia gubernamental fue a posteriori, superficial y nula.

La manifestación del lunes para recordar cuatro meses del secuestro de 43 estudiantes activistas de la Normal de Ayotzinapa fue el punto culminante de un asunto político. El martes la PGR cerró el expediente con el anuncio de que los estudiantes fueron secuestrados, asesinados, incinerados y sus cenizas tiradas a un río.

1.- Ayer, como parece ser recurrente, alrededor de diez millones de personas productivas resultaron afectadas por las protestas de menos de cincuenta mil personas.

No deja de ser irónico que los padres de los 43 estudiantes secuestrados y asesinados por órdenes del alcalde perredista José Luis Abarca y su esposa no hayan volteado sus críticas hacia el perredismo y que el gobernador perredista con licencia Angel Aguirre esté imponiendo a su hijo como candidato a la alcaldía de Acapulco

El sexto informe del estado de la unión del presidente Obama podría resumirse en una caracterización: el surgimiento del Estado populista al estilo de Hugo Chávez o de cualquier presidente del México del viejo régimen priísta.