La pretensión es agilizar los procesos.

El primer problema al que se enfrentó el nuevo esquema fue que de más de mil aspirantes a jueces, sólo cinco pasaron un examen nacional que se aplicó a los abogados de la judicatura federal en agosto pasado.

 Esto obliga a plantearse una pregunta.

¿En manos de quiénes está la impartición de justicia por los delitos federales?

Porque los más de mil que se presentaron al examen fueron los abogados de la propia judicatura.

¿Por qué no pasaron el examen?

¿Quién diseñó el cuestionario?

Se supone que los aspirantes se prepararon.

En el medio de los litigantes hay muchas dudas y sobresaltos porque al comenzar a ventilarse los casos orales, las posibilidades para esgrimir todos los recursos de defensa sólo tienen una oportunidad, con lo que de alguna manera los abogados que también se prepararon se sienten en desventaja.

Los primeros casos con los que ayer arrancó esta nueva etapa de la justicia federal, resultan clave para ambas partes, tanto para la justicia como para los implicados.

Habrá que esperar los resultados para reforzar el trabajo estratégico de quienes pisarán los tribunales del nuevo sistema acusatorio para el que, cabe recordar, se comenzó a trabajar desde hace seis años.

Para esta transición en la modalidad del trabajo de impartición de justicia oral, se asegura que no se dejan solos a los ministerios públicos, los jueces y los policías, porque las bases contemplan un trabajo conjunto entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial con abogados especialistas y la misma sociedad civil.

Sobra decir que los litigantes tienen la obligación de capacitarse, al igual que los funcionarios que se involucran dentro del fuero federal.

Para llegar a esta etapa se modificaron 29 ordenamientos para armonizarlos y ajustarlos a los principios y reglas que contiene el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Al arrancar cabe una pregunta ¿por qué se eligió a Puebla y Durango para poner en marcha el nuevo sistema?

La respuesta la dio el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, que explicó que la selección de las dos entidades fue por la infraestructura de que disponen las instalaciones de la representación federal.

La oralidad se implementó para aplicarla en cinco etapas en todo el país.

Para la segunda se incorporarán Yucatán y Zacatecas, y así paulatinamente en otros tres tantos con lo que se generalizará el nuevo sistema.

El reto de esto es que la nueva modalidad genere certeza, porque como andamos los mexicanos de incrédulos en todos los órdenes, en cualquier momento se puede abrir un nuevo frente de reclamo y protesta.

Signos de estos tiempos en los que la credibilidad se ha convertido en un ingrediente muy difícil de conseguir, y lo peor es que va permeando piramidalmente en todos los círculos.