Luego de la activación política de miles de jóvenes universitarios y normalistas por todo México, la República Mafiosa de los gobernadores tuvo que aceptar la amputación de un miembro para buscar salvar todo el cuerpo. Con el visto bueno de la partidocracia, Ángel Aguirre Rivero cayó de la gubernatura de Guerrero empujado más por su abierta negligencia en el ejercicio del poder que por un reformular las bases del sistema político basado en la impunidad. La clase política de todos los partidos, priistas, panistas y perredistas, buscan calmar la sed de sangre, apagar la indignación, entregando una cabeza. El hilo siempre se rompe por lo más delgado, y como el agua ya había llegado al cuello de Peña Nieto, la permanencia de Aguirre en la gubernatura se hizo imposible. ¿Pero en verdad cambia algo?

Honestamente, muy poco. Los 43 desaparecidos de Ayotzinapa siguen desaparecidos, un eufemismo para no reconocer que están muertos, calcinados, y sus restos regados en algún lugar. Aunque la PGR ya tiene medianamente claro cómo ocurrió la noche triste de Iguala, los autores intelectuales del genocidio están prófugos. Estuvieron cerca de caer en Puebla, y la pareja que los escondió fue detenida por la Marina en espera de que les revelen su paradero. Ayer, a lo largo del día, hubo muchos rumores de que habían sido capturados en Xalapa, pero nunca se confirmó. ¿Y el secretario de Seguridad Pública de Iguala? ¿Y los ejecutores materiales?

Hasta ahora sigue, y todo indica que seguirá, la impunidad. Aguirre Rivero fue sancionado políticamente con la dimisión del cargo, pero la única prueba de que el sistema político busca una reforma es que sea sometido a cargos penales por omisión. Pero no va solo en el barco: la corriente mayoritaria del PRD, Los Chuchos, fueron los que permitieron que se entronizara en Guerrero, así como el edil José Luis Abarca y su controvertida esposa, el verdadero nexo criminal. ¿No deberían Jesús Zambrano, Jesús Ortega y Carlos Navarrete ir a la cárcel por cerrar los ojos a un gobernador que pactó con el narco y permitió la operación en su estado?

Ya cayó Aguirre y habrá un nuevo gobernador en Guerrero que tendrá pocos elementos para resolver la crisis social de un estado convulsionado. Pero con su salida, el balón queda exclusivamente en manos de Peña Nieto, pues la PGR debe encauzar las responsabilidades contra el ex gobernador, encontrar a los 43 normalistas —o por lo menos sus restos—, capturar al ex edil de Iguala, a la esposa y al responsable de la Seguridad Pública. Solamente entonces, ahora sí, tendrá un respiro para evaluar el daño tras un mes de tormenta que arrastró su despegue en las encuestas y tiró su prestigio presidencial.

Sin embargo, la República Mafiosa de los gobernadores debe preocuparse. La caída de Aguirre Rivero abre la puerta a que caiga el siguiente: el pacto construido en tiempos del gobernador Peña Nieto ya colapsó, e indirectamente, el presidente ya recuperó una de sus facultades metaconstitucionales: deponer a los mandatarios estatales según las necesidades del momento. Tal facultad le fue expropiada a Ernesto Zedillo cuando quiso la cabeza de Roberto Madrazo, quien se rebeló, y Vicente Fox y Felipe Calderón no la vieron ni de cerca.

Ahora Peña Nieto tiene el poder para seguir el camino que inauguró Carlos Salinas de Gortari, quien su sexenio cortó 17 cabezas. La única variante del mexiquense es que ahora necesita el concurso de la dirigencia nacional del partido político del que emana, tratándose del PAN o del PRD.

Ahora que Los Chuchos y el PRD ya entregaron la primera cabeza, la siguiente puede ser la cabeza de un gobernador del albiazul, solamente para emparejar el marcador, una vez que ya también rodó la de un priista en Michoacán, en parte por su enfermedad y en parte por los vínculos con Los Templarios.

El país toma un respiro, y en caso de confirmarse que el ex edil de Iguala fue capturado en Xalapa, Peña Nieto tendrá más margen para darle cauce a la protesta social. Pero de fondo, no hay ningún cambio: ahora más que preocuparse por los criminales, hay que cuidarse de los policías y políticos que son jefes de narcos y secuestradores. Como en los tiempos del Negro Durazo.