Peña Nieto no entiende al país ni la indignación producida por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ni la crispación social desatada por la revelación de su casota en Las Lomas. El presidente no percibe correctamente la realidad. Sólo así puede entenderse su salida en falso, la oportunidad perdida del esperado mensaje para relanzar su administración que entró en barrena hace 60 días. El decálogo de propuestas para conseguir un México en Paz nos decepcionó más de lo imaginado porque ignoró olímpicamente los dos temas centrales que provocaron el #YaMeCansé: ni centró su mensaje en la impunidad, ni en la corrupción. Le cargó la mano a los municipios, pasando por alto la negligente actuación de la PGR, del Ejército y de los órganos de inteligencia de la Segob que tenían conocimiento de lo que ocurría en Iguala. Y como el presidente está enojado, no busca quién se lo hizo, sino quién se la pague. Y ha decidido que el régimen municipal de gobierno pague.

Tan desenfocada anda la mirada de Peña Nieto que, para relanzar su gobierno, tuvo que desempolvar la iniciativa que en 2010 propuso Felipe Calderón del Mando Único, cuyo objetivo es la desaparición de las casi 2 mil policías municipales para concentrarlas en 32 policías estatales a cargo de los gobernadores. En ese año, la iniciativa fue rechazada totalmente por el PRI. No hace falta teorizar mucho: eliminar las policías locales trastoca por completo el modelo federal de Estado, y en la práctica, destruye en su sentido más amplio la autonomía municipal consignada en el artículo 115 constitucional. Es, claramente, una regresión centralista.

En 2010, los gobernadores y alcaldes emanados del PRI rechazaron el Mando Único con un catálogo de argumentos jurídicos, financieros, tecnológicos y operativos. La voz cantante la llevaron Eruvial Ávila, entonces edil de Ecatepec, y Manlio Fabio Beltrones en el Senado, así como Emilio Chuayffet en San Lázaro. El PRD tampoco se sumó, y una buena parte del PAN le dio el avión a Calderón. Total, el Mando Único se fue a la congeladora.

Pero ahora lo revive el presidente Peña Nieto, que obligará a dar reversa a todo lo que se argumentó en 2010 para rechazarlo. Además del conflicto constitucional, hay problemas financieros. De entrada, como afirma el académico Eduardo Vázquez Rossainz, debería resolverse el problema de la disparidad salarial entre los policías estatales con los municipales. Mientras éstos ganan en promedio arriba de los 10 mil pesos, en los ayuntamientos con trabajo llegan a los 8 mil, e incluso en las demarcaciones más pequeñas solamente ganan 5 mil al mes. De ahí proviene la vulnerabilidad. ¿Con qué dinero se van a homologar los salarios?

Además, los fondos federales como el Subsemun llegan directo a los municipios. ¿Ahora van a pasar a control de los gobernadores para comprar patrullas, armas, uniformes, cámaras, centros de videovigilancia? ¿Cómo se va a financiar la infraestructura tecnológica? ¿Los ediles van a dejar perder ese dinero así como así? Yo no lo creo. Y ni siquiera eso acaba con los riesgos. ¿Se imaginan a Facundo Rosas al mando de todos los policías de la entidad? ¡Qué miedo!

Y por último está el conflicto político: si los ediles no tienen policía a su mando, se convierten en subordinados del gobernador en turno. Es decir, regresamos a las épocas caciquiles, centralizadores, en que el Ejecutivo estatal dice a quién sí apoyar y a quién no. A su vez, ahora el gobernador y su secretario de Seguridad Pública serán más responsables de lo que ocurra aun en los municipios más alejados. ¿En verdad les conviene?

Con todos esos argumentos, el PRI rechazó en 2010 el Mando Único. ¿Ahora van a cambiar de opinión? Con su salida en falso, lo único que Peña Nieto logró fue darle la razón histórica a Felipe Calderón, pues resulta que su diagnóstico era correcto.

Peña Nieto no quiere ver que la crispación social desatada a partir de Ayotzinapa tiene más que ver con la impunidad y el régimen de privilegio para los políticos que se enriquecen de forma desmedida gracias a la corrupción. La desafección que ya impacta en el apoyo a la democracia como forma de gobierno, es en contra de todos los partidos y todos los políticos constituidos en una clase privilegiada. Ese era el tema a resolver, y por lo menos, el Presidente se quedó corto.

Mando Único, Clave Única de Población y 911 son temas que se abordan desde hace una década sin que se logre avanzar. Crear un régimen económico especial para los tres estados más jodidos del país es un mejoralito para entidades donde la población y los empresarios se juegan la vida. ¿Quién va a querer invertir ahí por más privilegios fiscales y subsidios que se entreguen? Lo que pudrió esas zonas, además de la desigualdad económica y las escasas oportunidades de desarrollo, fue la nula aplicación del Estado de derecho.

Al Presidente no le falta buena voluntad, pero le falta un mejor diagnóstico: quizá él mismo se creyó la propaganda de que había movido a México. La realidad es que tras Ayotzinapa y la Casa Blanca, México se movió pero en contra suya, y también de la elite política que no logra una representación adecuada de las demandas sociales en las calles. El régimen de privilegios alejó a la casta política de los problemas comunes y corrientes que nos agobian al resto de los mexicanos comunes y corrientes. Si el Presidente no cierra la brecha a ese régimen de privilegios e impunidad, la distancia será peligrosa en poco tiempo.