Unos dicen que lo han visto en Veracruz, donde hace obra para el gobernador priista Javier Duarte, y que fijó su residencia en Xalapa. Otros, que viaja constante como superintendente de la constructora de Edgar Nava en los jugosos contratos que ha amarrado con Pemex. El caso es que casi todos tienen una idea relativa de dónde anda Javier García Ramírez, el fugitivo más famoso del sexenio. El único que sigue en Babia es el procurador Víctor Carrancá Bourget, pues desde hace tres años que obtuvo la orden de aprehensión en contra del ex secretario de Obras en el gobierno marinista, no ha podido detenerlo, y ni siquiera que la Interpol haya subido la ficha roja para ordenar su captura internacional.

Si en Puebla hay presos políticos, como denuncian los opositores al régimen, quizá también habría que pensar en la existencia de “no presos políticos”, es decir, aquellos que no han ingresado al penal como resultado de una negociación cupular que protege la impunidad. Es eso un velo de protección que impide la captura del prófugo más famoso del sexenio, o de plano la absoluta incompetencia del procurador Víctor Carrancá, conocido como “el Chapa Bezanilla” de por aquí cerquita tras su desastrosa investigación del caso Chalchihuapan, onda expansiva incluida. Ya sabemos que no entiende ni jota de física, pero de plano tendría que ser muy bruto para no dar con el paradero de García Ramírez luego de tres años de que se le escapó. Sobre todo, si muchos priistas saben en dónde ubicar al ex titular de Sedurbecop y mantienen comunicación con él.

Javier García Ramírez encarna el fracaso del morenovallista en una de las ofertas principales que le hicieron a la sociedad poblana en 2010: castigar la corrupción del marinismo que tanto nos agravió. A cuatro años de distancia, francamente han quedado en ridículo, ya que los dos únicos casos aireados ante el Ministerio Público tuvieron un final infeliz… para los poblanos. El ya referido de Javier García Ramírez, prófugo hasta la eternidad, o peor, el de Alfredo Arango, quien se pasea por todo Puebla e incluso asiste a los cumpleaños del “Góber precioso” tras obtener una sospechosa liberación. Ambos fueron acusados de enriquecimiento ilícito para “taparle el ojo al macho”, pero nunca hubo una verdadera intención de limpiar la cloaca.

Ahora que están de moda la “Casa Blanca” y la de Ixtapan de Enrique Peña Nieto, convendría recordar las mansiones que se construyeron los marinistas al amparo del erario. Es el caso de la naco-residencia que fue incautada en origen a García Ramírez y ubicada en Jardines de Zavaleta, pero que tras el paso de los meses volvió a ocupar la familia del ex secretario marinista y que hoy, en algún lugar de México, disfruta de sus millones sin ser importunado por Carrancá.

No se sabe qué es peor: que hayan pasado tres años sin que la PGJ pueda presentar a García Ramírez ante la justicia, o que Alfredo Arango solamente haya pasado un año en la cárcel y fuera liberado en la clandestinidad de la navidad de 2013 tras recibir una sentencia de cuatro años conmutable por 1.5 millones de pesos, pese a que había sido acusado de enriquecerse por 54 millones. Por si fuera poco, la mayor parte de sus dos años de detención la pasó en el hospital UPAEP aquejado de supuestos dolores lumbares.

Conforme se acerca 2016, la sociedad poblana hará cuentas del reclamo de castigar la corrupción marinista, o como ofreció Moreno Valle en su toma de protesta, “no habrá cacería ni impunidad”. Sus críticos podrán argumentar con razón que hubo perdón para los atracadores del erario, mientras que toda la dureza se dirigió a activistas sociales y opositores hasta alcanzar el récord de 55 presos políticos.

Del lado de los marinistas, la impunidad tiene un precio: abandonar cualquier tipo de activismo político-electoral y crítica a la actual administración. En 2014 pudimos ver que el cuasi retorno del “Góber precioso” trajo a la escena poblana como resultado que se desempolvaran expedientes como el de Valentín Meneses por preliberaciones ilegales, o la defraudación al erario mediante el programa Unidos para Progresar y que involucra a los titulares de Desarrollo Social que hoy tienen cargos de importancia en el gobierno federal. Los expedientes han quedado ahí, listos para usarse, aunque pierden vigencia en la medida en que el perro ladra pero no muerde.

¿Hará Víctor Carrancá algún esfuerzo por detener a García Ramírez, o lo dejará disfrutar la plenitud de su enriquecimiento ilícito? ¿Cuánto tiempo cargará el titular de la PGJ el adjetivo de incompetente por no poder capturar al prófugo más famoso del sexenio morenovallista? Aunque, claro, si ya se tragó lo de Chalchihuapan…