Una indemnización económica o una disculpa pública son las demandas que el activista Juan Carlos Flores Solís interpondrá contra la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de Puebla por haberlo tenido preso en el Centro de Reinserción Social de Cholula bajo procesos “irregulares y fabricados”, situación que fue aprovechada por su defensa legal para liberarlo el viernes de la semana pasada.

La exigencia por “la reparación del daño” de Juan Carlos Flores Solís, preso político aprehendido desde el 7 de abril del 2014 por oponerse a la construcción del gasoducto Morelos, ya fue interpuesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y tiene como finalidad que la PGJ, encabezada por Víctor Carrancá Bourget, responda por las acusaciones en contra del activista ambiental que no fueron demostradas mientras él estuvo en prisión.

“Juan Carlos estuvo preso por varios meses de forma indebida y nosotros hemos integrado todos los datos de prueba correspondientes para acreditar la reparación del daño ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (…) Ya la propia CNDH determinará la mejor manera —de resarcir el daño— que ellos consideren”, indicó Antonio Lara Duque, abogado defensor y miembro del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Lara Duque también señaló que dentro de su queja, está implícito que se garantice que no se repetirán los hechos en contra de los activistas u opositores al gobierno, además de que se atiendan las deficiencias que tiene el sistema jurídico en Puebla.

“Que se busquen las garantías institucionales para que esto no se vuelva a repetir, concretamente, reformas al código penal, implementación de instituciones como un consejo de la judicatura, es decir, cambios estructurales que permitan que de aquí en adelante los poblanos tengan mayores garantías —legales—”.

Aunque no existe certeza de cuál será el dictamen por parte de la CNDH, la defensa de Juan Carlos Flores espera que no sólo haya un posicionamiento ante la reparación del daño, sino que exista una recomendación por parte de la comisión que sirva como precedente en los casos de los demás presos políticos que existen en el estado.

“Nosotros creemos que lo viable es una recomendación, pero evidentemente quien determinará es la propia Comisión (…) Si hubiera recomendación, evidentemente buscamos mejoras estructurales al sistema de justicia poblano y al ejercicio de gobierno”, explicó Lara Duque.