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De esta forma la administración de Rafael Moreno Valle niega a proporcionar información de cuántos uniformados fueron a controlar la manifestación en esa comunidad y el nombre del funcionario que envió a los elementos de seguridad a la zona.
Pero no solo eso, el gobierno además rechazó decir el número de oficiales que participaron, la cantidad y tipo de armas que llevaron así como también las características de los proyectiles que utilizaron.
UN1ÓN cuestionó a la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, a través de cuatro solicitudes de acceso a la información, sobre la estrategia y otros detalles del operativo en la comunidad de Chalchihuapan el día del operativo policiaco para contener a la manifestación, en el cual el niño José Luis Alberto Tehuatlie, murió por razones que aún no son claras.
Sin embargo en cuatro de ellas indicó que la información no podía ser entregada manteniéndose bajo reserva por siete años, bajo el argumento de que proporcionarla ocasionaría “un daño a la función de la seguridad pública”.
La solicitud de acceso a la información que la Secretaría de Seguridad Pública sí contestó, aunque de forma ambigua y nada específica, fue en la que se le cuestiona sobre las reglas que tiene la policía estatal para disparar gas lacrimógeno y granadas.
Pero lo único que proporciona al respecto son los 10 puntos de su protocolo para actuar en caso de manifestaciones.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos dará conocer el próximo mes un informe preliminar sobre la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie durante la manifestación en la comunidad de Chalchihuapan y la posible comisión de abusos de autoridad de la policía estatal.
Y es que hasta el momento las únicas explicaciones que ha habido sobre el caso provienen del gobierno de Rafael Moreno Valle, las cuales indican que el proyectil que mató al menor se trató de un cohetón arrojado por los pobladores.
