Con la expropiación de 21 hectáreas en las inmediaciones de la zona arqueológicade Cholula para la construcción de un parque, sumarían mil 103 las hectáreas que el gobierno despojaría a los habitantes de este municipio por causa de “utilidad pública”. El “robo” más grande ocurrió en 1992 en la administración de Mariano Piña Olaya, 21 años después Rafael Moreno Valle recurre a la misma estrategia.

Aunque la ley lo permite, no en todos los casos se cumple con dar uso de beneficio público a los terrenos que se pagan a un costo muy bajo a los campesinos; el ejemplo más claro es la zona de Angelópolis, denominada Reserva Territorial Quetzalcóatl-Atlixcáyotl en la gestión de Manuel Bartlet Díaz, pues esas tierras ejidales pasaron a manos de empresarios para la instalación de empresas extranjeras.

Ahora, un nuevo caso se está dando en las Cholulas (San Pedro y San Andrés), que ha generado el enojo de las familias implicadas, quienes públicamente han rechazado el proyecto del gobernador —cuyos detalles y costos no ha revelado de manera directa— al grado de insultar y agredir verbalmente a sus gobernantes, siendo los casos de los alcaldes de la zona, José Juan Espinosa Torres (MC) y Leoncio Paisano (PAN).

Lo que ha causado indignación entre los habitantes es que a la fecha no les han presentado un proyecto que justifique utilidad pública, mientras que por el lado de San Andrés les ofrecen un pago de 110 pesos por metro cuadrado y 104 pesos por el lado de San Pedro Cholula. Los implicados han denunciado que se prepara la entrada de nuevos inversionistas para hacer negocios en la zona arqueológica, pues según los planos presentados por el gobierno al INAH, está considerada la construcción de hoteles, salones de fiestas y restaurantes en la zona, a costa de que las familias se queden sin su patrimonio.

Hace 21 años, a ejidatarios del municipio de San Andrés les fue cubierto en 8 pesos el metro cuadrado de sus tierras en donde hoy existen zonas residenciales de lujo y comercios. El objetivo por el que fueron despojados los ejidatarios no se cumplió, pues sus predios fueron vendidos en dólares y hoy, la zona de Angelópolis es una de las más cotizadas en la zona metropolitana.

La expropiación en 1992 llevó a varias personas a presentar denuncias no sólo ante la PGR sino también ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por la forma en la que fueron desalojados cuando el gobierno tomó posesión de los inmuebles, tal es el caso de los señores Horacio y Laura Beristaín Flores, quienes fueron desalojados de su predios y les fue demolida su casa habitación en el ejido San Miguel La Rosa, lo que mereció que el organismo nacional emitiera la recomendación 167/1993 a Bartlett Díaz.

También pierden territorio ante Puebla

A manera de recuento, los cholultecas no sólo han sido expropiados por utilidad pública sino también han perdido parte de su territorio.

La riqueza comercial de la zona de Angelópolis generó conflicto a lo largo de varios años entre esta demarcación y Puebla capital, que terminó en diciembre del año pasado cuando por mayoría de votos los legisladores locales aprobaron nuevas delimitaciones.

Con los nuevos linderos, Puebla se quedó con la zona comercial de Angelópolis, entre otras zonas. En total, de los 8.5 kilómetros en disputa, la capital se quedó con 3.81 kilómetros cuadrados mientras que San Andrés Cholula con 4.71 kilómetros cuadrados, pero aunque el reparto aparentemente fue mayor en favor de éste último, especialistas y habitantes del municipio han reprochado que varias de las colonias que se consideraron durante muchos años como parte de este territorio, pasaron a pertenecer a la capital, al igual el territorio expropiado en 1992.