El secretario de Seguridad Pública estatal, Facundo Rosas Rosas, únicamente fue amonestado y multado con una cantidad que no fue anunciada, por su responsabilidad en las violaciones graves a los derechos humanos de los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan durante el operativo del pasado 9 de julioque dejó a un menor muerto, nueve mutilados y más de 40 policías heridos.

Como parte de las acciones de cumplimiento a las 11 recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el gobierno de Rafael Moreno Valle también detuvo a seis policías que participaron en el operativo de desalojo de manifestantes que exigían ese día el regreso del Registro Civil a su comunidad, además de dar de baja a tres mandos medios, incluida la subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, Ofelia Flores Ramos, quien recibía indicaciones directamente del titular de la dependencia.

Cabe citar que en agosto pasado, el gobierno difundió la versión de que había sido Willebaldo Díaz Castillo, director de Operaciones Policiales de la Policía Estatal Preventiva quien ordenó el despliegue de los efectivos que acudieron a la autopista Puebla-Atlixco.

El jefe directo de Díaz Castillo es el encargado de despacho de la Policía Estatal Preventiva, Yair Bibiano Sánchez, subordinado de la hoy despedida subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, Ofelia Flores Ramos, quien a su vez respondía directamente ante Rosas Rosas.

Otros seis elementos de la SSP fueron inhabilitados

Otros seis elementos de la Secretaría de Seguridad Pública fueron despedidos e inhabilitados para ocupar un cargo público hasta por cuatro años, sin embargo sus nombres no fueron revelados. Extraoficialmente trascendió que entre ellos se encontraban Francisco López Domínguez y Juan Máximo Jiménez y/o Juan Máximo Flores Moreno.

Hasta en la noche de ayer domingo, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) no especificó bajo qué cargos son procesados los seis policías ni sus identidades, aunque existe la posibilidad en que enfrenten delitos por el homicidio del niño José Luis Tehuatlie Tamayo quien fue herido en el cráneo durante la manifestación y que 10 días después perdió la vida, además por la mutilación causada en al menos otros nueve habitantes de Chalchihuapan.

El pasado 11 de septiembre el titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, concluyó tras una investigación que fue un proyectil de largo alcance lanzado por el cuerpo policiaco lo que hirió al menor y que a la postre le causó la muerte, y que el mismo cilindro pero de menor alcance provocó las heridas en diversas partes del cuerpo a los habitantes de Chalchihuapan.

Esta versión, difirió con la que dio el procurador Víctor Carrancá Bourget el pasado 31 de julio, cuando aseguró que un grupo infiltrado había lesionado a José Luis con la onda expansiva de un cohetón, y que piedras lanzadas por los propios manifestantes hirieron al resto de los civiles y policías.

Según un comunicado de prensa que se difundió la mañana del sábado el gobierno local, en la tarde del viernes se llevó a cabo un evento en el que dio a conocer las diversas acciones que ha llevado a cabo para cumplir con las observaciones de la CNDH.

Cabe recordar que Plascencia Villanueva dijo en su momento que Facundo Rosas había reconocido que en todo momento estuvo al mando del operativo, y atribuyó violaciones a los derechos humanos tanto a la SSP como a la PGJ.