Un segundo auto de formal prisión dictó ayer el juez Penal de Cholula en contra de los cuatro opositores del Parque Intermunicipal que se pretendía construir en la zona arqueológica, quienes no podrán salir bajo caución y enfrentarán desde la cárcel su proceso por los delitos de motín, ataques a las vías de comunicación, despojo y daño en propiedad ajena doloso.

Adán Xicale, su hijo Paul, y los hermanos Albino y Primo Tlachi Valencia llevan dos semanas recluidos en el Cereso de dicho municipio, luego de que el pasado 7 de octubre fueron aprehendidos afuera de la presidencia de San Andrés Cholula, mientras dormían junto a un grupo de personas que tomó un día antes el Ayuntamiento como parte de sus acciones en oposición a la construcción del extinto proyecto de un parque en las inmediaciones de la pirámide.

La semana pasada recibieron el auto de formal prisión por el delito de motín y ayer fueron consignados por los otros tres, y a pesar de que desde un inicio se promovió el derecho de enfrentar los cargos en libertad, el juez de Cholula, Alejandro León Flores, se los negó.

Según el abogado defensor de los cuatro activistas, Alejandro del Castillo, el primer delito que les fijaron se podría conmutar a través del pago de una fianza, pero les fue negado el derecho, por lo que auguró que será un proceso judicial largo y tedioso.

El representante legal indicó que están a la espera de que se resuelvan los amparos que promovió ante instancias federales para que liberen a los cuatro detenidos, y según dijo, el segundo auto de formal prisión fue dado a conocer a pesar de que no se desahogaron todas las pruebas.

Por este hecho, a través de las redes sociales comenzaron a organizarse quienes forman parte del movimiento Cholula Viva y Digna para emprender acciones de presión que permitan liberar a los detenidos.

Cabe citar que Adán Xicale se ostentaba como uno de los abogados de las personas a las que expropiarían sus tierras para crear dicho parque, pero la semana pasada el gobierno estatal y el de los municipios de San Pedro y San Andrés confirmaron que se dio revés a los procesos, por lo que ya no será necesario recurrir al despojo y que únicamente buscarán proteger las tierras aledañas a través de un decreto de declaratoria de zona protegida, con el fin de evitar futuras construcciones.