El Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) dejaría de recibir de la Federación a través de sus diversos programas de subsidio un aproximado de 700 millones de pesos anual si su infraestructura pasa en manos de particulares, advirtió el delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Sierra Sánchez.

En entrevista informó que desde oficinas centrales se ha solicitado al gobierno de Rafael Moreno Valle explicar los términos de concesión del organismo con el fin de determinar cuál será el papel del gobierno de la República en este rubro, una vez que los servicios sean manejados por empresas particulares.

Esa duda podría quedar aclarada este mismo jueves, debido a que está contemplada una reunión entre personal de la Secretaría de Infraestructura que encabeza Cabalán Macari con el subdirector de Agua Potable, Saneamiento y Drenaje de la Conagua, Óscar Hernández, en el Distrito Federal.

“Hemos solicitado conocer a detalle en qué circunstancias quedó la concesión y de quién es la infraestructura, en fin, todo esto para que se pueda tomar la determinación de acuerdo a la ley nacional e incluso internacional, porque muchos de esos programas son financiados por el Banco Mundial, a fin de saber si puede apoyar al SOAPAP o no”, abundó en la entrevista posterior a su participación en un evento con el gobernador en el Paseo Bravo.

Señaló que las reglas de operación no permiten destinar fondos de programas como Apazu, Prosapis y Protar a entidades particulares sino únicamente públicas, por lo que no será únicamente el servicio del agua el que sea manejado por la iniciativa privada en Puebla, por lo que los beneficios por parte de Conagua a SOAPAP continuarán, pero en caso contrario, dejarían de suministrarle recursos.

El gobierno de Rafael Moreno Valle ha clasificado como confidencial la concesión del SOAPAP, incluso hasta el momento no se conoce de manera oficial el nombre de la o las empresas que se harán cargo de la administración del servicio del agua.

Según se desprende de la licitación que lanzó el gobierno morenovallista desde el 18 de septiembre de 2013, se establece que el título tendrá una duración de 30años, y según lo que ha referido el gobierno, la concesión contempla únicamente la privatización del servicio y no de la infraestructura.

En cualquiera de los casos, el SOAPAP deberá seguir pagando a la Conagua los derechos por extracción de agua y por descargas de aguas residuales, dejó en claro Sierra Sánchez.