Un par de representantes de la oficina del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) viajaron a Puebla para supervisar personalmente la situación jurídica que enfrentan los tres activistas que fueron aprehendidos a principios de abril por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por ejecutar acciones en contra del gasoducto Morelos, y desde ayer empezaron a recabar información con el fin de fijar un posicionamiento si hubo o no violaciones a los derechos humanos de estas personas.

La visita se da luego de que la diputada federal del PRD, Roxana Luna, denunciara casos de persecución contra luchadores sociales ante el secretario general del organismo, Ban Ki-moon.

Entre las primeras acciones de los visitadores hubo una reunión con un grupo de activistas por más de dos horas en el Sindicato de Telefonistas, en donde los integrantes de diversas agrupaciones de resistencia expusieron casos concretos de presuntas amenazas, además de acusar que la detención de los tres primeros se debe a un acto de represión.

Los defensores de los derechos humanos también acudieron ayer a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) para solicitar información sobre estos casos.

Está planeado que este jueves sostengan otras reuniones con diversos grupos y voceros con el fin de tener un panorama más amplio de lo que pasa para emitir alguna recomendación.

Entre la primera información que han recabado está es que los tres procesados en penales de Atlixco y San Pedro Cholula fueron detenidos con excesivo uso de la fuerza por hombres vestidos de civil que no se identificaron ni mostraron una orden de arresto.

En operativos diferentes a principios de abril, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) detuvo a Enedina Rojas Vélez, comisariada ejidal de San FelipeXonacayucan perteneciente al municipio de Atlixco; a Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y Tierra Morelos, Puebla y Tlaxcala, así como a Abraham Cordero Calderón, vocero del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada acusados por los delitos de extorsión, despojo, oposición a obra pública, y retención ilegal de funcionarios.