Por mayoría de votos, el pleno del Senado de la República rechazó que sea de urgente resolución solicitar la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para realizar una investigación y emitir recomendaciones al gobierno de Rafael Moreno Valle por la detención ilegal de tres activistas opositores al gasoducto Morelos, así como por la presunta persecución que existe en contra de académicos, ya que el punto de acuerdo presentado ayer por el senador del PT, Manuel Bartlett Díaz, fue enviado a “la congeladora” de la Comisión de Energía.

El ex mandatario local (1993-1999) también pidió la comparecencia de los titulares de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Rezay de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud ante las comisiones correspondientes del Senado para que presenten un informe público sobre los efectos sociales, económicos y ambientales del citado proyecto —que ha ocasionado protesta social en las entidades en donde está planeado su trazo, entre ellas la entidad poblana—.

No obstante, en la etapa de las votaciones no logró conseguir los adeptos necesarios para que se hiciera la petición a dicho organismo y se pidiera la presentación de ambos funcionarios, por lo que será analizado en la Comisión de Medio Ambiente.

Durante su intervención en la exposición de motivos, Bartlett consideró que las órdenes de aprehensión que se concretaron en contra de Enedina Rojas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón fueron ilegales,pues citó que los ejidatarios estaban en su legítimo derecho de oponerse al proyecto del que está a cargo la CFE.

Este proyecto que abarca Morelos, Puebla y Tlaxcala lleva un retraso de casi tres años, pues estaba planeado para que iniciara el 14 de octubre de 2011.

Consiste en un ducto que transportará gas, de 150 kilómetros de largo y 30 pulgadas diámetro en una línea eléctrica de 20 kilómetros a la subestación Yautepec; así como un acueducto de 20 pulgadas desde Cuautla, con longitud de 10 kilómetros. La inversión total es cercana a los mil 600 millones de dólares.

Bartlett alega en su exposición de motivos que no se consultó a los habitantes de las comunidades, ni se notificó a los propietarios de los terrenos que serán afectados por la construcción de la obra.

“Asimismo, ni las empresas extranjeras que operan el proyecto, ni la Comisión Federal de Electricidad comunicaron a la población en general los detalles del proyecto, del mismo modo que omitieron informar a los organismos estatales o municipales de protección civil, los riesgos que la construcción de esta obra implica así como de los peligros asociados a la operación de una instalación estratégica que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas metano diariamente a menos de 2 metros de profundidad”, se cita el punto de acuerdo del legislador.