Con año y medio de desfase, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias presentó la evaluación del segundo año de labores de la LVIII Legislatura, periodo presidido por el ex diputado local priista Edgar Salomón Escorza. En su análisis el instituto otorgó una calificación de 6 —en una escala de máximo 10— a los ex legisladores poblanos.

La encargada del proyecto, Claudia Debler, mencionó que los legisladores lograron pasar "de panzazo", pero que hay situaciones que son “rescatables”, como el aumento de la transparencia y rendición de cuentas de los anteriores diputados.

Al presentar la Evaluación de desempeño del segundo año de sesiones de la LVIII Legislatura del Congreso local, los integrantes del CEEY destacaron que se necesitan cambiar las reglas de operación en la entrega de los apoyos a los diputados, como el caso de los viáticos, los cuales pueden ser empleados “para prácticas desleales”.

El reporte pidió a los integrantes del Congreso de Puebla que aborden con mayor detenimiento lo relativo a su técnica legislativa y es que "se tiene claro que los diputados y diputadas no son todos abogados u especialistas en técnicas y procesos legislativos, pero eso no los exime de realizar su labor con mayor detenimiento".

Para realizar la evaluación participaron 27 especialistas en temas relacionados al parlamentarismo, técnica legislativa, argumentación jurídica, transparencia y rendición de cuentas, reforma penal y educación.

En el área Evaluación del desempeño institucional, en donde se tomaron en cuenta los informes del segundo año de sesiones, la calificación fue de 6.57; mientras que en el rubro Evaluación de la actividad legislativa, en la que se tomaron en cuenta las iniciativas legislativas, la nota lograda por los legisladores fue de 5.37.

Finalmente, el director de la institución, Enrique Cárdenas, adelantó que ya están en pláticas con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Víctor Manuel Giorgana, para emprender la evaluación de la actual legislatura.

Señaló que existieron carencias en los dictámenes de reformas constitucionales en materia de amparo y protección de derechos humanos resguardados por los tratados y convenciones internacionales celebrados por México y las leyes nacionales en la materia.