Los diputados panistas Francisco Rodríguez y Patricia Leal minimizaron los indicadores de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013 del INEGI, que colocan a Puebla como el tercer estado más corrupto, pues consideraron que los resultados se deben al alto índice poblacional e incluso que la metodología de las preguntas pudieron ser insidiosas.

Si bien reconoció que las corporaciones policiales públicas son las peores calificadas por la sociedad, Francisco Rodríguez consideró que no es alarmarse por la caída de un lugar en la percepción de corrupción, ya que en el último año del sexenio de Mario Marín se ocupaba el cuarto lugar y ahora con Rafael Moreno Valle se cayó el tercer sitio.

“Son percepciones. También se debe considerar que somos la cuarta ciudad más grande del país y de las entidades más pobladas. Entre más flujo de gente somos susceptibles a este tipo de resultados, pero podemos hacer un esfuerzo más serio para mejorarlo”.

A su vez, la ex contralora estatal demeritó dichos indicadores al señalar que “antes necesita conocer la metodología de la evaluación. A decir de Leal Islas, consideró uno de los mejores rubros calificados fueron los trámites gubernamentales, por lo que las preguntas pudieron ser insidiosas, situación que propició la caída al tercer lugar.

“Efectivamente es lamentable. Antes de emitir una opinión, me gustaría conocer la metodología. Los trámites gubernamentales son los mejores evaluados. Muchas veces se deben observar cómo se formularon las preguntas, sino son insidiosas”.

Exigirán aplicación de las pruebas de control y confianza

Durante la sesión ordinaria de ayer, el propio Rodríguez Álvarez presentó un punto de acuerdo para solicitar a los 217 ayuntamientos para que den cumplimiento a los artículos transitorios de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la finalidad de que todos sus elementos de Policía en activo, hayan acreditado en tiempo y forma las evaluaciones de control y confianza, tema que será analizado por los diputados de la Comisión de Seguridad Pública.