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El subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Raúl Murrieta Cummings, aclaró que el gobierno federal no está tomando una decisión a favor de la empresa española OHL, al haber aprobado que forme parte de las firmas que construyan y administren el segundo piso de la autopista México-Puebla, sino que, no había otra opción para destrabar el problema jurídico que venía enfrentando con el gobierno de Rafael Moreno Valle, tras elretiro de la concesión de 35 kilómetros del Libramiento Norte.
“Simplemente nos encontramos con un problema jurídico, con derechos adquiridos y con algo que estaba frenando el desarrollo de la infraestructura del país", declaró el fin de semana a medios nacionales, al confirmar que la empresa formará parte del consorcio que estará a cargo del proyecto.
Fue desde finales de febrero de este año cuando Juan Villar Mir, vicepresidente de la transnacional, dio a conocer que como parte de un acuerdo al que llegó la firma con el gobierno poblano, participaría en la ejecución de esta obra a cambio de no cobrar indemnización por el retiro de la concesión de 35 kilómetros del Libramiento Norte, afirmación que en su momento fue negada por el secretario de Infraestructura, José Cabalán Macari Álvaro.
Esta concesión fue entregada en 2008 de manera directa por el ex gobernador Mario Marín Torres, pero la administración actual la retiró bajo el argumento de que el proceso de adjudicación fue irregular, además que los trabajos no habían iniciado.
Sin embargo, al confirmar que el proyecto ejecutivo ya fue aprobado y que en breve será lanzada la licitación para que los trabajos arranquen antes de que finalice el año, el funcionario federal no dio a conocer mayores detalles como el por qué se redujo la extensión de la obra de 19.5 kilómetros a sólo 13.5.
El proyecto tiene un valor de 10 mil millones de pesos, y de acuerdo con el proyecto original el viaducto elevado partiría del estadio Cuauhtémoc para terminar cerca de la planta Volkswagen.
Se prevé que la obra concluya en diciembre de 2018, por lo que el gobernador Rafael Moreno Valle ya no tendría la oportunidad de inaugurarla junto al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con quien desde un inicio se disputó la titularidad de la ejecución de estos trabajos.