Incluso las evidencias fabricadas por el gobernador Rafael Moreno Valle y entregadas a los medios oficialistas para criminalizar al niño José Luis Tehuatlie y a su madre por “llevarlo a la marcha” confirman la negligencia de Luis Maldonado Venegas, secretario general de Gobierno, quien nunca envió a funcionarios de su dependencia para negociar con la población de San Bernardino Chalchihuapan y así evitar el enfrentamiento violento que culminó con la muerte del menor.

En el video Seguimiento de protocolos, llamando al diálogo a los manifestantes presentado por medios oficialistas como Sexenio, se observa que fueron los policías estatales quienes entablaron un diálogo con los manifestantes y no delegados o representantes de la SGG, confirmando la reconstrucción de los hechos realizadopor CAMBIO el 17 de julio.

El video también exhibe que Maldonado Venegas mintió en su rueda de prensa del 15 de julio, cuando a nombre del gobierno dio el posicionamiento en torno al desalojo violento, pues además de asegurar que los pobladores usaron “piedras de gran calibre” para agredir a los policías estatales, también dijo que “desde el primer momento del cierre, y a lo largo del mismo, se les conminó al diálogo y a la negociación, con la concurrencia de las autoridades de la Secretaría General de Gobierno”, lo que en el video en mención queda claro que no participaron funcionarios de dicha dependencia.

Según las pruebas del gobierno morenovallista “sí hubo diálogo conforme al protocolo de seguridad en tres ocasiones a las 12:00, 13:40 y 13:54” cuando policías estatales invitaron a los manifestantes a formar una comisión que fuera atendida en la Secretaría General de Gobierno para resolver sus demandas, pero en el video que presentan son dos las ocasiones en las que hay diálogo y en la última se les da un ultimátum.

En la primera interacción de los uniformados con los manifestantes sí se manifiesta un intento de negociación por parte de un policía estatal, que les dijo: “voy a pedirles de la manera más respetuosa que ustedes depongan su actitud, están cometiendo un delito. Están cerrando una vía de comunicación. Que junten una comisión para que sean escuchados. (…) Señores, no hay necesidad de que nos conflictuemos. No hay necesidad de eso. Todo mundo tiene derecho a manifestarse. Pero no pueden dañar derechos de terceros, señores. El gobierno está dispuesto a escucharlos. Sólo junten una comisión para que sean escuchados”.

El segundo diálogo ya es una advertencia para desalojarlos: “señores, se les da un ultimátum de 5 minutos para que depongan su actitud y se retiren de la vía. Ya se les ofreció nombrar una comisión. Están cometiendo un delito. Cinco minutos para que depongan su actitud”, les grita un uniformado a los manifestantes.

Además, cabe señalar que aunque el gobierno estatal asegura que se siguieron los protocolos de seguridad, según la propia Secretaría de Seguridad Pública éstos no existen de acuerdo a la respuesta que dio su Unidad Administrativa de Acceso a la Información de la solicitud 00209714 que, a pregunta expresa sobre los mismos señala: “se están desarrollando los protocolos, no obstante la actuación policial dispone de las estrategias segmentadas en diversos rubros operacionales, que contemplan siempre apego al respeto de los derechos humanos de la sociedad, basándose en un manual para control de multitudes, el cual se encuentra en proceso de valoración y autorización (…) ”.