La efímera pero sangrienta vida de la Ley Bala llegó a su fin. El gobernador Rafael Moreno Valle reculó de la autoría de la Ley Bala que dejó como saldo un niño muerto y un conflicto de gobernabilidad en la entidad, por lo que solicitó al Congreso local su abrogación que se tratará en la sesión de este día.
Sin embargo, el procedimiento de abrogación carece de claridad, una vez que la cancelación definitiva de la Ley Bala surtirá efecto hasta que el Congreso local apruebe una legislación semejante que busque proteger “los derechos humanos” de acuerdo con un comunicado de la fracción parlamentaria del PAN.
Versiones extraoficiales de las fracciones parlamentarias manejan dos escenarios. El primero sería votar el procedimiento de abrogación y enviar a comisiones la nueva iniciativa de ley, con lo que la Ley Bala continuaría su vigencia.
La otra es repetir el procedimiento fast track del 19 de mayo, cuando en menos de tres horas y media se aprobó la ley que regula el uso legítimo de la fuerza pública.
Con la misma celeridad con la que fue aprobada por el voto mayoritario de 32 diputados hace dos meses, este día será suspendida su eficacia jurídica por órdenes del gobernador Rafael Moreno Valle a sus diputados del bloque PAN, PRD, MC, CP y PSI con el objetivo de detener la crisis política que enfrenta el gobernador del estado, sin “entregar las cabezas” de Facundo Rosas Rosas, secretario de Seguridad Pública y de Luis Maldonado Venegas, titular de la Secretaría General de Gobierno.
La legislación aprobada con críticas de organizaciones nacionales de defensa de los derechos humanos resultó homicida, pues dejó como saldo la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, niño de 13 años de edad herido por el impacto de una bala de goma en la cabeza lanzada por los granaderos en el operativo del pasado 9 de julio para desalojar la autopista Puebla-Atlixco.
Los coordinadores parlamentarios fueron informados en la sesión semanal de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de ayer sobre la determinación del Ejecutivo estatal para invalidar la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública por Parte de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, aprobada por mayoría de votos el 19 de mayo.
De acuerdo con el orden del día, la solicitud está enlistada en el punto 16 y será discutida en la mañana en sesión ordinaria, al mismo tiempo en el que los manifestantes convocados para la mega marcha de este día se coloquen a las afueras del palacio legislativo del Congreso local.
La ley que regula el uso legítimo de la fuerza pública se empleó en dos operativos por la Secretaría de Seguridad Pública en los municipios de Tehuacán y Santa Clara Ocoyucan. Las acciones judiciales del 2 y 9 de julio se llevaron a cabo, sin diálogo de por medio, para desalojar a manifestantes de las juntas auxiliares de ambos municipios, quienes exigían la restitución del Registro Civil en sus localidades.
El 12 de mayo inició la historia de la Ley Bala
La #LeyBala tuvo una efímera pero sangrienta estadía en la legislación poblana, de sólo dos meses y tres días desde su aprobación en la tercera semana de mayo.
Durante el receso del primer periodo de sesiones de la LIX Legislatura, el 12 de mayo, Moreno Valle envió a la Comisión Permanente una iniciativa en la que se contemplaba el uso discrecional de las armas de fuego por parte de policías estatales en contra de manifestantes, la cual fue bautizada como #LeyBala.
Tras el escándalo a nivel mundial, el primer proyecto de ley enviado por Moreno Valle fue modificado por los diputados de las comisiones unidas de Procuración de Justicia, Seguridad Pública y Derechos Humanos. En este nuevo dictamen los diputados prohibieron el uso de las armas de fuego, sin embargo se aprobó la utilización de armas no letales para dispersar las manifestaciones.
Aunque lo anterior fue aprobado por las comisiones unidas y avalado por 35 votos a favor delPAN, PRI, PRD, Nueva Alianza, PSI y Compromiso por Puebla y cincos votos en contra del PT, Movimiento Ciudadano y Partido Verde Ecologista de México, el gobernador publicó una ley diferente a la presentada en el pleno, en la que reducía aún más las facultades de los policías estatales.
Esta casa editorial documentó que a pesar de que Moreno Valle ordenó “quitar el filo” a la #LeyBala, el escándalo de la represión del panista empezó a dar sus primeros pasos y la estrategia del gobernador llegó a medios nacionales como La Jornada, Reforma yla revista Proceso.
La primera manifestación
La #LeyBala morenovallista fue estrenada a días de su aprobación en el Congreso poblano. Los pobladores de Tehuacán, quienes tomaron el CIS de ese municipio para exigir el regreso del Registro Civil a sus juntas auxiliares, fueron los primeros en recibir las agresiones “licitas” por parte de los policías del estado.
Los quejosos de dicho municipio, así como de Coxcatlán, Zoquitlán y Ajalpan, se apostaron a las afueras del Centro Integral de Servicios y cerraron el tránsito de la carretera como medida de protesta porque el gobierno del estado quitó las facultades de dicho servicio a más de 600 juntas auxiliares de todo el estado, cabe señalar que a la fecha no se ha restablecido ante la falta de personal.
Los seis consignados fueron acusados por los delitos de motín, pandillerismo, daño en propiedad ajena y lesiones contra funcionarios públicos, y se les adjudicó una fianza impuesta en primera instancia para el presidente auxiliar de Magdalena Cuayucatepec de 440 mil 550 pesos; para Ramón Hernández Ramírez, de 345 mil 200 y para los cuatro restantes de 271 mil 600 pesos. Sin embargo, un juez de la Federación bajó la fianza hasta 15 mil pesos para los pobladores y de 20 mil para el presidente auxiliar, por lo que la tarde del lunes fueron puestos en libertad.
La barbarie de Chalchihuapan
El fin de la #LeyBala se perpetró el pasado sábado con la muerte de Tehuatlie Tamayo. El gobierno morenovallista volvió a poner en práctica dicha ley en una protesta social, pero esta vez resultó en su contra, pues el intento de desalojo violento de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan en la vía Atlixcáyotl dejó como saldo tres policías graves, 30 elementos heridos, 10 civiles con lesiones leves, cuatro pobladores detenidos y un menor de edad muerto.
Cerca de 500 pobladores de la mencionada junta auxiliar, perteneciente a Santa Clara Ocuyucan, bloquearon la autopista Puebla-Atlixco a la altura del kilómetro 14, para exigir a la administración estatal regrese las oficinas del Registro Civil a su población, ya que la determinación de quitarles el servicio implica un gasto mayor y pérdida de tiempo.
Los elementos de la Policía estatal dispararon carabinas AM-600 calibre 37/38 mm, y DEF TEC 1315 calibre 37 mm, utilizando cartuchos de gas con puntas de goma directamente en contra de los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y no hacia el suelo o una distancia mayor a 30 metros, como lo marcan los protocolos de uso de dichas armas, consideradas como no letales y cuyo fin es activar los gases tóxicos para la dispersión de una multitud, además de que los efectivos no estaban calificados para emprender la operación.
CAMBIO reveló que los elementos de la Policía Estatal Metropolitana utilizaron carabinas lanza gas modelos AM-600 marca Cóndor calibre 37/38 mm y DEF TEC 1315 calibre 37 mm para dispersar a los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan el miércoles 9 de julio.
