El "góber" bala por Carlos Loret de Mola en El Universal

Hoy en Puebla de nuevo no hay protocolos ni reglas vigentes, hay un niño muerto y el debate sigue en el mismo atolladero, dice Loret en su columna Historias de reportero del diario El Universal

Puebla es hoy una muestra de un falso dilema. No sé si por maña o confusión de los políticos y varias Organizaciones No Gubernamentales.

Parecería que frente a las manifestaciones los gobiernos sólo tienen de dos sopas: permitir con total impunidad que grupos violentos realicen actos de vandalismo que afecten a terceros o reprimir brutalmente a quienes protesten.

Los partidos políticos viajan de una postura a la otra según les va tocando ser gobierno u oposición: no les interesan los derechos de manifestación, libre expresión, libre tránsito y seguridad pública. Trabajan para los grupos profesionales de la protesta que los apoyan o para cuidar la cara de sus figuras.

En las democracias más avanzadas del mundo tienen claro que el derecho a protestar se respeta sin condiciones. Y también que el uso de la fuerza es legítimo cuando quienes se manifiestan recurren a la violencia y al vandalismo. Esto nadie lo discute.

Por eso es muy fácil detectar casos de abuso policiaco. Hay protocolos y reglamentos detalladísimos tanto para las fuerzas públicas de seguridad como para los manifestantes. Y los policías tienen una capacitación permanente para saber qué hacer frente a multitudes enojadas.

La llamada Ley bala aprobada en el mes de febrero en Puebla pareció en un principio un intento por ordenar el tema. Pero el gobierno de Rafael Moreno Valle y la mayoría PAN-PRI en el Congreso local se excedieron:

Comenzaron tomando en cuenta en su iniciativa la capacitación para los policías y el establecimiento de protocolos, pero terminaron incluyendo apartados peligrosos como que en el cuarto nivel de emergencia frente a una manifestación, los policías usen balas de goma, armas de fuego y “armas letales” en general.

Esperable: la reacción de las Organizaciones No Gubernamentales fue de enérgico rechazo y denuncia, y aún así la ley se aprobó.

Si en la frontera entre Estados Unidos y México siempre estamos en contra del uso de balas de goma (que en todo el mundo se sabe que sí pueden causar la muerte), es absurdo ponerlas en manos de policías mal capacitados y plasmar en la ley que pueden usar armas letales contra manifestantes. Era abrir la puerta a la tragedia.

El 9 de julio, en San Bernardino Chalchihuapan, pobladores que protestaban por el retiro de los registros civiles bloquearon la autopista Atlixco-Puebla. Con la Ley bala en vigor llegó la policía estatal. Hubo un enfrentamiento: no se veía gran capacitación de los policías que arrojaban a la gente lo mismo granadas de gases lacrimógenos que las mismas piedras y objetos que habían recibido primero.

Fue herido en la cabeza el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien terminó muriendo. Los pobladores afirman que lo mató una bala de goma de la policía. Las autoridades niegan que se hayan usado y afirman que lo hirió un cohetón, arsenal de manifestantes.

La tragedia es que falleció un niño de 13 años. Un juez ordenó la suspensión de la citada ley. Hoy en Puebla de nuevo no hay protocolos ni reglas vigentes, hay un niño muerto y el debate sigue en el mismo atolladero.

Como si la impunidad y la represión fueran las únicas dos opciones.

"Ley bala" y "balas de goma" por Carlos Marín en Milenio

Por el expediente del niño ingresado en el hospital, el procurador de Puebla, Víctor Carrancá, dice que “un objeto contundente y explosivo que provoca traumatismo cerebral” fue lo que mató a José Luis Tehuatlie Tamayo, y no un proyectil de goma disparado por la policía.

Cohetones como los utilizados por quienes se enfrentaron a la fuerza pública no tienen dirección precisa, alguno “se desvió y lesionó al menor”, sostiene.

Por si no lo fuera ya, la tragedia se magnifica con el supuesto de que la bala de goma se usó con base en la norma rebautizada como ley bala, y cuyo nombre oficial es para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por la policía.

Abrogada ipso facto hasta que el Congreso poblano resuelva qué hacer, esa ley se apegaba a los tratados internacionales suscritos por México, e incluía las recomendaciones de la Cruz Roja Internacional y las del octavo Congreso de la ONU sobre la prevención del delito y tratamiento del delincuente.

En el texto, dicho sea de paso, ni siquiera aparecen las palabras balas de goma…

“¿Viste que le dijeron Rey bala?” por Francisco Garfias en Excélsior

La controvertida ley bala no sólo fue avalada por la CNDH, sino que su titular, Raúl Plascencia, la llenó de elogios hace tiempo.

Polvos de aquellos lodos. Roberto Madrazo y Manlio Fabio Beltrones desayunaron juntos en el restaurante del Hotel Four Seasons. Se ubicaron en un lugar discreto, donde le gusta al sonorense.

Estaban solos al principio. Después se les unió David Penchyna. “Traigo varios pendientes”, dijo el presidente de la Comisión de Energía del Senado.

Y se sentó con los dos a desahogarlos.

■Al coordinador de los diputados del PRI lo vimos posteriormente en la sede del Senado, donde se realizó la sesión de la Comisión Permanente.

— ¿Qué planeabas con Madrazo? ¿La agenda para 2018?—, preguntamos en broma.

— Roberto ya anda en otras cosas. Tú sabes cómo lo respeto y lo quiero—, repuso el sonorense.

— ¿Y tú también ya estás en otras cosas?, insistimos.

— Los dos ya estamos en otras cosas, a menos de que suceda algo excepcional—, respondió, sonrisa en boca.

Luego se arrepintió de su ocurrencia y corrigió: “Es broma, ¡eh!”.

■Garganta azul nos dijo que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, estuvo ayer en el Senado. Allí se enteró de que el grupo parlamentario del PAN se aprestaba a subir un punto de acuerdo de la Primera Comisión de la Permanente, relacionado con la situación en Puebla.

El mandatario está dedicado de lleno al control de daños que derivan de la muerte del niño José Alberto Tehuatle Tamayo, 13 años, en un enfrentamiento entre policías e integrantes del movimiento Los de Abajo, ocurrido el 9 de julio en la carretera a Atlixco.

El mandatario consideró que el punto de acuerdo atizaría el tema y sugirió a los senadores azules, con los que habló, que no se subiera a la tribuna.

La fuente nos cuenta que el senador Héctor Larios operó para que el texto ocupara el último lugar en la agenda política de la sesión. En otras palabras, para que no se abordara en tribuna.

La agenda política programada para discutirse el día de ayer se suprimió integra.

La operación silencio alcanzó también un punto de acuerdo en el que el PRI criticaba en términos muy duros a Moreno Valle. No se subió tampoco.

Lo que ya no se pudo hacer fue sacarlo de la gaceta. Ya estaba impreso. Dice el texto del tricolor, en uno de sus párrafos:

“La política criminal establecida en cada una de las entidades resulta imprescindible para dar certeza jurídica, pues su éxito se traduce en seguridad patrimonial y personal, en síntesis, se protege el bien jurídico más importante, la vida.”

El punto de acuerdo que no fue, exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que en el ámbito de sus atribuciones realice las investigaciones correspondientes sobre la probable violación de derechos humanos por parte del gobierno del estado de Puebla durante las manifestaciones ocurridas el 9 de julio de 2014, en el municipio de San Bernardino Chalchihuapan.

Larios tampoco pudo evitar que, a instancias del PRD, se guardara un minuto de silencio por el fallecimiento de José Alberto.

Beltrones habló sobre el caso. “¿Viste que le dijeron el Rey bala?”, nos preguntó el sonorense. Habló de casos ocurridos en el pasado y de sus consecuencias para gobernadores. En Chiapas, en Guerrero…

Previamente había dicho que no quería prejuzgar sobre el caso. “Luego uno se equivoca, al no tener elementos suficientes”.

Abundó: “Estamos hablando de la vida de un niño. En el caso de que existan culpables, deben ser castigados. La investigación que ya ha iniciado… debe llevar plena satisfacción a todos aquellos que se encuentran correctamente indignados”.

■La vida te da sorpresas, dice el clásico Rubén Blades. La controvertida ley bala, que autoriza el uso de armas letales en caso de que la vida de policías o de terceros esté en riesgo. No sólo fue avalada por la CNDH, sino que su titular, Raúl Plascencia, la llenó de elogios hace tiempo.

La aberración ocurrió en un acto en el que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla le hizo entrega al ombudsman del doctorado honoris causa.

El gobernador Moreno Valle estaba en el evento.

Hay más de esa aberración. Algunas ONG aseguran que Plascencia Villanueva se negó a interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley. Estamos hablando de la asociación Artículo 19, que defiende la libertad de expresión.

En su elogio a la ley bala, el ombudsman dijo en Puebla:

“Mi reconocimiento señor gobernador, y lo hago extensivo a los poderes del estado, por esta importante iniciativa que es la primera del país y que esperemos que pronto los demás estados lo asuman también de manera plena.”

¡Qué bueno que otros estados no siguieron el ejemplo!

¿O no, señor Plascencia?

■El senador nayarita Manuel Cota, presidente de la Comisión de Agricultura, se registra este viernes en el CEN del PRI como candidato único para la Secretaría General de la CNC. Sustituye a Gerardo Sánchez, quien termina su periodo.

En los primeros diez días de agosto, César Camacho le tomará protesta. Cota es promotor de la reforma al campo que promueve el regreso del Crédito a la Palabra como estrategia de desarrollo rural en el país.

El gobernador Bala y sus medios por Dario Ramírezen Sin Embargo

Hoy en Puebla se libra una batalla mediática y de información. El día domingo el gobernador Bala, Rafael Moreno Valle, convocó a un cónclave con medios de comunicación. Hasta ahí todo bien. Uno supondría que a la reunión estaban convocados todos los medios de comunicación, y que la reunión sería para informar sobre muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años, quien murió víctima de las balas de goma que disparó (de acuerdo a testimonios y evidencia) la policía de Facundo Rosas (conózcasele por su cercanía a Genaro García Luna, aquel que montaba espectáculos para los medios de comunicación, entre otras cosas) a los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla.

La reunión tuvo otro fin. Solamente fueron convocados los medios amigos-afines-compinches-chayoteros. La reunión no tuvo el objetivo de informar sino, al parecer por los resultados, tuvo el objetivo de diseñar y trazar una estrategia de comunicación para hacer frente a la vapuleada que estaba recibiendo el gobernador Moreno Valle.

Usted se estará preguntando porqué el gobierno y medios (algunos) hicieron dicho ejercicio en conjunto, ¿acaso no los medios de comunicación tienen otro papel? ¿De cuándo acá los medios comerciales tienen la responsabilidad de coordinarse con comunicación social del gobierno? No solamente es contradictorio, sino pernicioso para una sociedad.

Al salir de la reunión, la estrategia estaba dada: Paso 1. “El niño no murió por bala de goma, sino por un cohetón” (se deslinda la responsabilidad a la policía de Rosas); Paso 2. La madre (mala madre) tuvo la culpa porque no protegió a su hijo; Paso 3. Darle voz a los “pobres” policías que fueron golpeados por los manifestantes, es decir victimizar al Estado. Ellos sólo se defendieron; Paso 4. Los pobladores rijosos y violentos tuvieron la culpa y se lo merecían.

La estrategia del gobierno de Puebla es litigar en medios. Eso está claro. Ahí va el procurador a programas de gran audiencia a decir sus inconsistencias y mentiras. Pocos lo cuestionan. El circo mediático parte del hecho de que las preguntas periodísticas no son para indagar, cuestionar o incomodar al personaje con el fin de llegar a la verdad. No, el circo parte de una puesta en escena donde no se habla de los hechos, donde el estado no rinde cuentas, donde curiosamente no hay responsables, donde la intensión es hacer todo para no parecer responsables de nada.

¡Alguien dio la orden de atacar!, ¡alguien dio la orden de disparar balas de goma! ¡Alguien disparó balas de goma y una de ellas acabó en la cabeza de José Luis Alberto! Pero parece ser que eso no es relevante.

La prensa que se acomoda al dinero público que reparte el gobernador con completa discrecionalidad. Ha sido ampliamente discutido cómo la discrecionalidad en el otorgamiento de la publicidad oficial (es decir la compra de espacios con dinero público) es la manera en como el poder coopta a los medios. Millones y millones están en juego. Es, sin duda, uno de los problemas más serio que enfrenta nuestro sistema de medios y con ello nuestra democracia.

Recordemos que fue Enrique Peña quien prometió al inicio de su administración que mandaría una iniciativa para regular el alud de dinero público en medios. Una promesa incumplida. La caja chica es demasiado grande.

Pero poco se habla de la responsabilidad ética de los medios en relación con el dinero público. Hasta ahora es fácil adoptar el discurso de “víctima” por parte de los medios. Pero lo cierto es que corromper su oficio es una decisión. Ellos deciden ir en contra de su esencia y función social. Otros medios deciden lo contrario y se las ven negras, pero deciden no traicionarse o venderse. Otra vez: es una decisión. El vacío en la regulación conviene a ambas partes.

Solamente en democracias tan insolentemente débiles el procurador puede salir a decir una afirmación sin ninguna prueba. Digamos que está en su derecho de decir. Pero lo igualmente insólito es que lanza su afirmación (sin sustento) y la prensa la reproduce como si fuera válida de manera automática. Lo que debería ser una investigación sigilosa e independiente, se convierte en un juicio mediático con mucho ruido pero sin justicia.

Al mismo tiempo (y es una buena noticia) hay otro tipo de prensa en Puebla. Una prensa que no está dentro de la nómina del gobierno. Otra prensa que advirtió desde el primer momento el uso de las balas de goma. Que dio cuenta del homicidio de José Luis a los pocos minutos. Que informó sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Una prensa que puso en evidencia que las autoridades no entregaron el cuerpo del menor a la madre sino después de 48 horas. Que contó el entierro del menor y dio voz a los pobladores. Una prensa que expuso cómo la madre estaba siendo presionada por funcionarios locales para que desistiera de demandar justicia. Una prensa que recordó que la manifestación era por una demanda legítima: no quitar el registro civil de la zona. Esa prensa, tarde que temprano, comenzará a sentir la ira del gobernador Bala. Comenzarán, y perdón por el mal augurio, a recibir presión, amenazas y vivirán un clima inaudito de hostilidad. Ojalá, ojalá me equivoque.

El gobierno de Rafael Moreno Valle esconde, engaña y desinforma. Y lo hace con la ayuda de medios relevantes. Si había alguna duda sobre su talante democrático, el caso de San Bernandino lo ha expuesto a la sociedad. Lo que preocupa es que abundan los gobernadores enemigos de la prensa independiente y crítica. La praxis de Moreno aparece en Veracruz, Chiapas, Quintana Roo y muchos otros estados.

La libertad de prensa protege a la mala prensa. Eso está claro. Un pobre periodismo daña el centro neurálgico de la democracia pero tiene derecho a existir. Lo que nos hace falta en la ecuación, es una sociedad/audiencia que asuma su papel dentro del sistema de medios. Mientras solamente seamos receptáculos de mentiras y versiones contradictorias, el camino está allanado para la desinformación que alimente la corrupción y mantenga el status quo.