El tema central fue la nueva regulación en materia de publicación de encuestas electorales. Las pifias de las encuestas en las últimas elecciones son razón de sobra para esta discusión ya que dieron origen a la nueva regulación emitida por el INE.

El objetivo de esa regulación es incrementar la calidad de la información que llega al público proveniente de las encuestas. Así lo dijo Benito Nacif, Consejero Electoral del INE, y estoy de acuerdo. El bien que debe tutelar la autoridad electoral es la calidad de la información que se publica para orientar mejor a los electores al momento de decidir su voto. El punto central de la discusión ya no es si debe regularse, ahora es cómo hacerlo bien sin complicar más las cosas.

El nuevo reglamento del INE para la publicación de las encuestas electorales exige el cumplimiento de varios requisitos:

·         Demostrar la experiencia y capacidad técnica para la elaboración de estudios demoscópicos

·         Entregar copia del estudio completo a la autoridad electoral

·         Describir con detalle los datos técnicos de la muestra, desde la población objetivo, método de estimación, el tamaño y forma de obtención de la muestra, margen de error, confianza estadística, tratamiento de la no respuesta, tasa de rechazo a la entrevista, método de recolección de los datos y el método de estimación de las preferencias electorales

·         Un informe de los recursos utilizados para la realización del estudio

·         Entregar el cuestionario y las bases de datos en formato electrónico

·         Declarar quién diseña la encuesta y quién paga el estudio

Según lo señaló el Secretario Ejecutivo del INE, la autoridad busca ofrecer a la población información para distinguir los estudios que se apegan a criterios científicos de los que no lo hacen. El trabajo de la autoridad electoral consiste en recibir, organizar, sistematizar y revisar las encuestas publicadas sobre preferencias electorales y aportar elementos suficientes para valorar si se apegan a las mejores prácticas internacionales en la materia. Hasta aquí todo parecería lógico.

Lo que no dicen y tampoco pueden aceptar es que esa regulación no servirá para nada. Primero, porque no habrá consecuencias para las casas encuestadoras o los medios de comunicación que incumplan con el nuevo reglamento. Lo único que la autoridad hará es señalar públicamente a las encuestas que incumplan con la ley para prevenir a la ciudadanía de la posibilidad de que esos estudios no se hubiesen realizado conforme a estándares aceptados. En mi opinión eso es lo de menos, porque una encuesta que no entregue la serie de requisitos que el INE le impone no significa que esté mal realizada, como tampoco una encuesta que sí cumpla con la regulación tendría que ser un estudio realizado con rigor técnico.

El problema en 2018 será de proporciones mayúsculas si el INE continúa con estas pretendidas medidas de control a la publicación de encuestas. Primero, porque esta regulación no supone costos morales o económicos a las empresas encuestadoras ni a los medios de comunicación que publicaron sus encuestas. Segundo, porque el INE podría avalar encuestas que al final de la jornada errarían sus estimaciones por 7, 8, 10 o más puntos, mientras que otras encuestas señaladas por la autoridad electoral como no confiables podrían resultar más precisas que las supuestamente dignas de confianza. La consecuencia será el peor de los mundos posible, ya que no sólo estará en duda la confiabilidad de las firmas encuestadoras, sino que la autoridad electoral y los modelos de investigación de opinión pública también serán cuestionados.

La única manera de obligar a la corresponsabilidad de las firmas encuestadoras y de los medios de comunicación que publican encuestas electorales es haciéndoles pagar un costo de credibilidad ante el público. La autoridad debería obligar a los medios que publicaron encuestas a elaborar y publicar como nota principal un cuadro comparativo entre los resultados oficiales y las estimaciones de las encuestas que publicaron antes de la jornada electoral, señalando las diferencias si éstas se encontraron dentro o fuera del error teórico de las muestras y un análisis técnico sobre la precisión de cada estimación que publicaron. Por otra parte, el INE debería elaborar un registro histórico de las encuestas electorales publicadas por cada casa encuestadora y a partir de ese registro crear un indicador de la confiabilidad de las estimaciones de cada empresa.

Los encuestadores Roy Campos y Ulises Beltrán se oponen a la idea de establecer un registro histórico de la precisión de estimaciones electorales. Ellos afirman que una encuesta electoral no es un pronóstico de la elección, sino una fotografía del momento. Ya que las campañas y las elecciones son procesos que modifican preferencias políticas, las encuestas no pueden ser consideradas como pronósticos ex ante, sino como registros ex post. Por lo tanto, la calidad de sus datos no puede ni debe ponderarse en función de su cercanía o lejanía con los resultados oficiales de una elección. Si lo que dicen es cierto, entonces ellos deberían abstenerse de publicar estimaciones electorales y de hacer análisis de tendencias en las preferencias de los electores, de lo contrario serían los primeros en estar engañando a la gente con esos datos y esos análisis.

Este es un debate que da para mucho y no quiero aburrirle con cuestiones técnicas. Lo importante es poner de manifiesto nuestras dudas sobre la eficacia de una regulación que ha cambiado sólo para que las cosas sigan exactamente como estaban. Lamentablemente, la nueva regulación no va a evitar que se sigan publicando encuestas de propaganda y tampoco va imponerle costo a las empresas y a los medios de comunicación que se presten a incidir en la percepción social con estimaciones sesgadas o “cuchareadas”. A las pruebas me remito.