Existe entre los trabajadores de los mandos medios y bajos que prestan sus servicios en la mayoría de las dependencias del Gobierno del Estado, una opinión generalizada en el sentido de que nunca, en los años en que laboraron para anteriores gobiernos, los que han sobrevivido a los despidos, habían padecido y vivido en carne propia tantos malos tratos, amenazas veladas y directas, humillaciones, ofensas a su dignidad y violaciones a sus derechos laborales, como las han tenido en los cuatro años nueve meses que lleva la presente administración.
El clima laboral que se respira en las diferentes oficinas es de incertidumbre, miedo y zozobra, por lo que les espera cada día, por las ordenes y actitudes de sus superiores inmediatos; incluso existen algunos que les piden un porcentaje de su salario para mantenerlos en la nómina, obligándolos a firmar que reciben una suma superior por sus servicios, cuando les quitan al menos el 50 por ciento de sus ingresos.
Los rumores de que viene un nuevo recorte de personal, que se les aplicará una nueva disminución a su salario o de que en cualquier momento pueden desaparecer sus fuentes de trabajo, los lleva a mantener una actitud de temor, impotencia y descontento que les impide desempeñar eficazmente sus funciones, ya que incluso, no sólo es el riesgo de perder su empleo lo que motiva su miedo, sino la posibilidad de ser acusados de la comisión de un delito o falta administrativa y por ende, les sea integrada una averiguación previa por la Procuraduría General de Justicia del Estado o una investigación administrativa por parte de la Contraloría Estatal, es decir, lo menos que les puede suceder es ser inhabilitados para ejercer un cargo público en los próximos años y lo peor: terminar presos perdiendo no sólo su empleo, sino su libertad personal.
Son muchas las situaciones que viven los trabajadores, como los del Poder Judicial del Estado que prestan sus servicios contratados por honorarios profesionales, sin ninguna posibilidad de acceder a una plaza de base y sin contar con Seguridad Social, ya que si desean tenerla, deben pagar alrededor de mil pesos mensuales al ISSSTEP, pero además sin derecho a prestaciones y sin generar ningún tipo de antigüedad y cuando solicitan tener derechos laborales, la respuesta que reciben es “pues si te conviene, sigue trabajando bajo estas condiciones, si no, hay una fila de desempleados esperando un puesto”. Con esta respuesta, cesa en forma automática cualquier intento de inconformidad o inquietud de un aumento, ya que la tónica del sexenio ha sido disminuir el salario del personal sindicalizado y por honorarios en forma arbitraria y sin ninguna explicación.
Resulta evidente que ante la falta de un salario digno, son muchos los trabajadores al servicio de los Poderes del Estado que han optado por renunciar de sus cargos y echar así por tierra los años de formación y experiencia que adquirieron durante el tiempo que se desempeñaron en alguna de las dependencias de la administración gubernamental.
Los que han sido despedidos en forma injustificada y han decidido entablar una demanda laboral, saben que, por lo pronto, no tienen la posibilidad de ser contratados de nuevo en ninguna dependencia de gobierno y sus posibilidades de ganar el juicio ante el Tribunal de Arbitraje del Estado son casi nulas, por el excesivo burocratismo y lentitud del procedimiento, que muchas de las veces termina agotando la paciencia del trabajador que a su pesar se ve obligado a dejar el juicio por la paz y termina dedicándose a otra cosa, para buscar el sustento de su familia.
Los más de 10 mil trabajadores que han sido despedidos de sus puestos en el actual sexenio demuestran lo que he mencionado, pero los que aún conservan su puesto podrían confirmar lo que aquí señalo, sólo que por miedo a perder su trabajo se niegan a denunciar los abusos que se cometen en su contra y tan sólo les queda esperar a que en 2016 las cosas cambien con un nuevo gobierno.
