Julio Cesar Aguilar Pérez, representante jurídico de cuatro reclusas señaladas por denunciar una red de prostitución en el interior del penal de San Miguel, desmintió estos hechos, indicando que se trata de una falsificación de firmas y robo de identidad, ya que sus clientas jamás realizaron esta acusación, la cual involucró a funcionarios del Centro de Readaptación Social (Cereso).

En rueda de prensa, el abogado argumentó que la reclusa Kariana Velázquez Atienza, quien cumple una condena de 60 años por homicidio y secuestro, levantó las acusaciones con la finalidad de que se aplace su traslado a otro penal de máxima seguridad, fuera de la entidad.

Cabe señalar que Kariana Velázquez fue declarada culpable por haber asesinado a la estudiante de la UPAEP, Marisol Catalán en el año 2001, por lo que hasta el momento ha estado presa durante 14 años.

Fueron dos las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ); la primera fue entregada  el 17 de julio del 2015, donde se señala el abuso sexual así como la  prostitución  y  el día 31 del mismo mes, donde se acusa directamente a red a la ex directora de Ceresos, Yasmín Márquez Rodríguez, y al subdirector de Seguridad y Custodia, Marco Antonio Galván Ramírez.

Ya recurrieron a la  CDH

Al cuestionar al abogado Aguilar si recurrirán a la CDH, éste comentó: “Ya nosotros acudimos ante la Comisión de Derechos Humanos para los efectos de que se respeten sus garantías individuales y los derechos que les han sido violados, por la persona a quien señalamos de haber utilizado sus nombres y manipulado hechos totalmente falsos”. 

Por su parte, la PGJ solicitó que las reclusas María del socorro N,  Salma Iveth N, Verónica N  y Patricia N, testificaran su acusación, lo cual no hicieron, ya que ellas aseguran no haber realizado esa denuncia, por lo cual han pedido que se investigue quién llevó esos papeles ante la procuraduría, para determinar quién ha usado sus identidades.