Con apenas 180 sesiones al año, el Congreso poblano se coloca en el top five de los poderes legislativos más improductivos del país. Así lo denunció desde la tribuna de San Lázaro el diputado federal perredista, Alberto Martínez, quien presentó ayer un punto de acuerdo para incrementar el número de sesiones en el Congreso de la Unión y de los Legislativos locales.

Martínez Urincho expuso que a nivel federal, las Cámara de Diputados y el Senado de la República sólo sesionan 198 días al año, en un rango en donde el Congreso chileno labora 121 días anualmente y el de Venezuela lo hace 315 días al año.

En cuanto al ámbito local, el legislador del Sol Azteca destacó que los Congresos estatales que menos trabajan son Distrito Federal, 150; y Jalisco 150 días anuales; seguidos por Campeche con 170; Veracruz con 174; Sonora con 180; al igual que Puebla; Chiapas con 181; Sinaloa con 182; Estado de México con 183; Durango con 197 días al año.

A diferencia de los Congresos de Querétaro que sesiona los 365 días del año; de Baja California 362; Colima 302; Morelos 300; Oaxaca 285; Michoacán 270; Tlaxcala 270; Guanajuato 265; Yucatán 255; Tabasco 240; Guerrero 240; y Tamaulipas 240.

Luego de recalcar que el Congreso de la Unión es de los que menos sesiones de trabajo realizan a nivel mundial, el diputado Alberto Martínez Urincho propuso modificar los artículos 65 y 66 de la Carta Magna para establecer que éste sesione en un primer periodo que iniciaría el 1º de agosto (no el 1º de septiembre como actualmente sucede), el cual no deba prolongarse más allá del 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo.

Mientras que el segundo periodo ordinario de sesiones iniciaría el 1º de febrero (como actualmente ocurre) y concluya el 31 de mayo del mismo año, y no el 31 de abril como a la fecha ya está establecido.

Cabe recordar que además de improductivo, el Congreso poblano ya fue reprobado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) en el desempeño de la anterior legislatura durante su último año de funciones, que estuvo encabezada por el panista Mario Riestra Piña, debido a la opacidad y la falta de transparencia con la que trabajaron, la baja calidad de las leyes aprobadas y el elevado porcentaje de iniciativas aprobadas al gobierno estatal.