Víctor Carrancá Bourget transitará a partir del 2016 de procurador a fiscal general del estado sin poder capturar a su prófugo más célebre: Javier García Ramírez, a quien afanosamente ha buscado detener desde el arranque del sexenio morenovallista, pero al día de hoy, casi cuatro años después de que iniciaron su búsqueda, no se tiene ningún dato certero sobre su paradero y de acuerdo a diversos trascendidos ya les ganó varios amparos y las pocas acciones que lograron para congelar sus cuentas y bienes quedaron en una intentona.
Fue en enero del 2012 cuando el propio Carrancá Bourget confirmó la información referente a la orden de aprehensión que había librado un juez local en contra del ex titular de Obras Públicas del gobierno marinista, por el delito de enriquecimiento ilícito, calculado en poco más de 23 millones de pesos y 32 propiedades que se le había detectado a Javier García y su familia, y aunque le incautaron su residencia familiar, esta tuvo que ser devuelta a sus hijos quienes se ampararon contra dicha resolución.
En aquellos meses del 2012 incluso el trabajo del procurador había rendido frutos ya que había logrado que la Interpol publicara su ficha roja en su lista de los más buscados, pero el gusto les duró poco, ya que en octubre de 2012 la ficha roja de García Ramírez desapareció de la página de la Interpol, pues no se pudo acreditar la gravedad de los supuestos delitos cometidos por el ex funcionario público.
De hecho, el único castigo que ha recibido Javier García Ramírez a manos del morenovallismo hasta la fecha fue una inhabilitación por cuatro años que le impuso la Contraloría estatal, que corre del 24 de octubre de 2014 al 22 del mismo mes del 2018, según lo informó e-consulta a principios de este año, pero sus abogados combatieron dicha determinación.
La denuncia
El proceso legal contra García Ramírez inició luego de que fue denunciado por el ciudadano Manuel Torres Rivera ante el juzgado Quinto Penal, bajo la averiguación previa 261/2011/ANTIC/DGSP, liberándose la orden de aprehensión el 5 de enero de 2012, luego de que la PGJ acreditó el delito de enriquecimiento ilícito al marinista por un monto aproximado a 23 millones de pesos. Ese mismo día también se ordenó la detención de Alfredo Arango García, secretario de Salud en el sexenio anterior, quien sólo pasó un año en la cárcel a pesar de ser señalado por el mismo delito, pero por un monto de 54 millones de pesos.
La naco-residencia
El 26 de enero del 2012, las autoridades judiciales y ministeriales realizaron un cateo a la casa marcada con el número 61 de la calle Violetas en el fraccionamiento Jardines de Zavaleta. La crónica de Arturo Rueda, director editorial de CAMBIO, señaló que por fuera parecía una mansión inexpugnable en estilo minimalista, pero “por dentro, sin embargo, revela su auténtica condición de ‘naco-residencia’ (…) También le fueron asegurados vehículos de lujo valuados en por lo menos 5 millones de pesos de marcas distinguidas como Audi, BMW, Range Rover y Volkswagen.
A principios del 2013 los García Ramírez volvieron a ocupar el inmueble, aunque su posesión aún se mantiene en litigio con la dependencia.
Las otras propiedades
La lista de propiedades que le detectó la PGJ a García Ramírez constaba de 32 inmuebles que se encuentran a nombre del ex funcionario estatal; su esposa, Gisela Ramírez López; su hijos Adam y Carolina García Ramírez; y el hermano del prófugo, Daniel García Ramírez.
En el listado destacaron siete propiedades en el lujoso fraccionamiento Jardines de Zavaleta; también, figuraba una casa en el residencial Lomas de Angelópolis a nombre de su hijo; dos inmuebles en La Paz, a nombre de su esposa; y otras propiedades en San Cristóbal, Villa Encantada, Los Frailes, San Baltazar Campeche, Palmas y Valle del Rey.
La casa ubicada en La Paz era rentada por la inmobiliaria Garsemi, que de acuerdo con fuentes consultadas por CAMBIO también era propiedad del ex secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública. La residencia ubicada en la 13 Poniente 2921/2 estaba a nombre de Gisela Ramírez.
Corrupción, la riqueza explicable de García Ramírez
Como titular la secretaría encargada de la obra pública del gobierno marinista, Javier García Ramírez se caracterizó por los robos escandalosos en los que incurrió —documentados ampliamente por este periódico—, los retrasos, costos excesivos, baja calidad de los materiales, cobro de diezmos y asignaciones irregulares, fueron las anomalías cometidas por dicho personaje.
En los seis años de gobierno, García Ramírez nunca entregó una obra en tiempo y forma, por lo que era común que Mario Marín las inaugurara incompletas o que a escasos días las obras presentaran deficiencias.
Los gastos exorbitantes se reflejaron en las obras emblemáticas. La remodelación de 5 kilómetros de la vía Atlixcáyotl la tasó en 700 millones y gracias a la presión de medios locales y de diputados, se redujo a 500 millones de pesos; la edificación del Centro Expositor se inició con una exorbitante inversión de mil millones de pesos, pero el precio final se elevó a 2 mil 200 millones.
Los hospitales de Tepeaca, Izúcar de Matamoros, Tecamachalco, Cuetzalan, Pahuatlán, Ahuacatlán y el hospital del Norte —famoso por la descripción que hiciera Mario Marín: un hospital de ricos para pobres— fueron el gran fiasco de García Ramírez, pues Rafael Moreno Valle se vio en la necesidad de rescatarlos.