La comparecencia del secretario general de Gobierno, Jorge Cruz Bermúdez, y el procurador general de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados resultó en un diálogo de sordos que no clarificó las dudas sobre el cumplimiento a la recomendación 2VG/2014, pues mientras los morenovallistas insistieron en que todos los puntos ya fueron satisfechos, abanderados de izquierda como Roxana Luna y Loretta Ortiz Ahlf pusieron “contra las cuerdas” a los funcionarios del gobierno.

La presencia de ambos, además, estuvo adornada por la movilización de burócratas morenovallistas acarreados en autobuses y que sitiaron la sala de la comparecencia, mientras que miembros del movimiento Cholula Viva y Digna entraron en los minutos finales para mostrar mantas y pancartas contra el gobierno morenovallista.

En total, la “mesa de trabajo” duró alrededor de media hora. Los legisladores integrantes de la Comisión hicieron sus preguntas, sin derecho a réplica, por lo que Benito Cruz y Carrancá respondieron apegados al guión que niega la existencia de presos políticos, así como de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Acarrados de un lado y pancartas del otro

Jorge Cruz insistió en que se han cumplido con las recomendaciones que en septiembre del año pasado emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Chalchihuapan, ante los cuestionamientos de varios legisladores, entre ellos la poblana Rocío García Olmedo.

El morenovallismo se preparó para que los funcionarios acudieran a la reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, pues con antelación registraron a burócratas que ocuparon casi todos los lugares del salón donde se llevó a cabo el acto, y de este modo se quedaron fuera integrantes de movimiento que han denunciado violaciones del gobierno estatal.

A través de redes sociales se denunció que los acarreados fueron trasladados en tres autobuses de turismo desde la ciudad de Puebla, por lo que antes de concluir la reunión, la diputada federal del PRD, Roxana Luna Porquillo, solicitó que se entregue la relación de todas las personas que ingresaron como invitados al lugar.

Sin embargo, ello no le sirvió de mucho, pues antes de culminar la comparecencia, integrantes del movimiento Cholula Viva y Digna se manifestaron en la sala de la Cámara de Diputados con pancartas en las que pedían frenar la represión y la liberación del líder de la 28 de Octubre, Rubén Sarabia Simitrio, y un alto a la represión.

Los cuestionamientos

La legisladora de Morena, Loretta Ortiz Ahlf, criticó la Ley Bala y señaló que interpuso una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para derogarla y le cuestionó la estrategia de criminalizar la protesta en Puebla.

El perredista Roberto López Suárez le recriminó que el gobernador Moreno Valle no haya acudido a San Lázaro a atender el llamado de los diputados y haya enviado a funcionarios estatales.

Otro de los temas sobre los que los legisladores federales cuestionaron a los morenovallistas fue el desalojo de los estudiantes de la BUAP del zócalo, ocurrido en febrero.

“En Puebla no existen presos políticos”

El funcionario morenovallista sostuvo ante la Comisión de Derechos Humanos de San Lázaro que preside el priista Manuel Galindo, que en la entidad poblana no hay presos políticos y se respeta la libertad de expresión, siempre y cuando no se transgreda la ley.

“En Puebla no existen personas perseguidas por sus ideas o posturas políticas o ideológicas. En Puebla existe un marco legal e institucional que permite procesar a presuntos responsables de delitos del fuero común. Hay libre manifestación de ideas, hay libre expresión de ideología, pero cuando lleva a la comisión de delitos como incendiar patrullas, arrojar elementos explosivos, por el simple hecho de defender alguna postura, consideramos que eso transgrede el orden social, y es menester del estado en que haya actuación en ellos”, argumentó.

La defensa a la Ley Bala

Jorge Cruz reiteró la postura de que esta legislación fue aprobada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que además está basada en el marco legal del Distrito Federal.

De paso les expuso que recientemente en el Congreso Local se aprobó pedir a la Comisión de Derechos Humanos de San Lázaro que analice la ley y se hagan las observaciones correspondientes. “Los elementos policiales destinados a este tipo de sucesos (operativos) jamás van armados”, expuso Jorge Cruz.

Carrancá justifica detención del hijo de Simitrio en el DF

Ante las preguntas de la detención de Rubén SarabiaReyna en el Distrito Federal ocurría en diciembre del año pasado, el procurador, Víctor Carrancá sostuvo que los permisos para llevar a cabo el operativo se dieron con la PGJ de la capital del país.

Esto debido a que los activistas han denunciado que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal negó haber tenido contacto con la corporación poblana.

Carrancá explicó que la PGJ del DF tiene información sobre los elementos que ingresaron a detener al hijo del líder de la 28 de Octubre, Rubén Sarabia, quien también se encuentra preso.