La vida del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, asesinado el 9 de julio de 2014 por un policía del estado, fue valuada por el gobierno de Rafael Moreno Valle en 1.5 millones de pesos, cantidad que ofreció por concepto de reparación del daño a la madre, Elia Tamayo Montes, pero que ella rechazó, debido a que sus asesores legales plantearon un cobro de hasta 15 millones de pesos.

Fue la única que no cobró una indemnización de las 13 personas que fueron consideradas como víctimas del enfrentamiento violento entre policías y pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, hace más de un año, en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, y quien se quedó con las ganas de ver en la cárcel al ex secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, que fue quien encabezó el operativo de ese 9 de julio.

De acuerdo con información proporcionada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en respuesta a la solicitud de información 00035715, de los cuatro millones de pesos que la administración estatal destinó a un fondo, como parte del cumplimiento de la recomendación 2VG/2014,se cubrieron 2 millones 999 mil 999 pesos por concepto de reparación del daño a un total de 12 personas, con montos que van de 30 a333 mil pesos.

A un año que la CNDH emitió 11 recomendaciones al gobierno de Puebla por violaciones graves a los derechos humanos, el organismo confirmó que sigue sin cumplir cinco de los 11 puntos, entre los que destaca el pago total de las indemnizaciones, una disculpa institucional a víctimas y a sus familiares, garantizar de manera parcial y objetiva el acceso a la justicia y sanciones contra todos los servidores públicos que participaron en los hechos.

Elia es la única que no cobra

El pasado 9 de julio, CAMBIO dio a conocer que por el cobro de compensaciones, los mutilados fueron desistiendo en su lucha para exigir justicia, todos menos Elia, quien a la fecha continúa alegando que no “vende” la memoria de su hijo, y que lo único que busca es el encarcelamiento de los responsables.

Sin embargo, los seis policías estatales detenidos el 18 de octubre de 2014 quedaron en libertad bajo caución sólo dos meses después, el 24 de diciembre, luego de que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla reclasificó el delito de homicidio doloso por culposo, al considerar que las lesiones causadas no fueron graves ni llevaban la intención de matar a José Luis.

En la cárcel, permanece el exedil auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, al igual que dos pobladores: Vicente Juárez y Florentino Tamayo, acusados de homicidio en grado de tentativa, privación ilegal de la libertad, motín y ataques a vías de comunicación. Otros siete civiles encarcelados en su momento, recuperaron su libertad por falta de pruebas en su contra.

Cantidades que van de 30 a 333 mil  pesos cobraron las otras víctimas

Las otras víctimas del caso Chalchihuapan cobraron indemnizaciones que van de 30 mil 841 a 333 mil 847 pesos, de acuerdo con el desglose que dio a conocer a CAMBIO la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aunque por tratarse de datos personales, los nombres no fueron detallados y únicamente fueron identificados como “persona 1” y así consecutivamente al 13.

Entrevistados por este medio en julio pasado, algunas de las víctimas confirmaron el cobro de la reparación del daño, tal es el caso de Martín Romero Montes, quien en ese entonces aseguró haber cobrado más de 300 mil pesos, sin embargo, el monto no le alcanzó para cubrir los 500 mil pesos que le costaron las cuatro operaciones de reconstrucción de mandíbula, que ahora le permiten ir recuperando el habla que perdió a consecuencia de una abertura en la quijada, causada por un proyectil similar a un “cilindro caliente”.

Hugo Jiménez Varela cobró una cantidad similar desde principios de año, dinero que le ayudó reconstruirse el párpado del ojo izquierdo, cuya visibilidad perdió ese 9 de julio.

De acuerdo con las cantidades detalladas por la CNDH, cinco personas percibieron por concepto de reparación de daño 59 mil 552.40 pesos, y fueron identificadas como personas 1, 2, 4, 5 y 13.

Sólo una de ellas (la 3) accedió a un fondo de 333 mil 847.30 pesos que fue la cantidad más alta que se entregó, mientras que a la víctima identificada con el número 7 le fueron cubiertos 301 mil 458.00 pesos, el segundo más alto.

En tanto, a la víctima número 9 le resarcieron daños por 211 mil 865.70 pesos, a la 10 y 11, 146 mil 692.20, mientras que a las identificadas como 6 y 12, recibieron un monto de 30 mil 841.

Elia Tamayo que fue la única que no aceptó, fue identificada con el número 8 y por negarse al cobro, el gobierno no ha logrado cumplir al 100 por ciento de las recomendaciones emitidas el 11 de septiembre de 2014 por el entonces ombudsman Raúl Plascencia.

En el documento entregado a este medio, la CNDH también reveló la manera en la que el gobierno fue solventando cada uno de los puntos, y en el informe se especificó que en total, se abrieron cuatro averiguaciones previas contra funcionarios públicos y sólo un expediente administrativo contra Rosas Rosas, cuya sanción fue reservada por Contraloría. Ahí también se señala que el gobierno ofreció a la Comisión un curso de derechos humanos de 40 horas a sus policías en la Academia de Policía Ignacio Zaragoza.

Elia estuvo ayer en la CNDH

Elia estuvo ayer en las oficinas de la CNDH, acompañada por algunos integrantes de Puebla Libre como Ana Teresa Aranda, pero su visita no se debió exclusivamente para exigir justicia en el caso de su hijo muerto en el caso Chalchihuapan, sino para sumarse a los reclamos contra la “represión” que se vive en Puebla.

Los asistentes, pidieron al organismo pronunciarse ante la ley “antiBronco”, aprobada por los legisladores locales en agosto pasado, una ley que limita la participación de los ciudadanos en elecciones.