El político mexicano se encuentra en la cárcel de alta seguridad de Soto del Real, después de haber comparecido esta mañana ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien finalmente desestimó en su auto, al que tuvo acceso La Jornada, los argumentos presentados por la Fiscalía Anticorrupción española que le imputaban los delitos de blanqueo de capitales, asociación delictiva, malversación de caudales públicos y cohecho.
Por primera vez desde su detención el pasado viernes 15 de enero, Moreira abandonó muy temprano, alrededor de las siete de la mañana, su celda en la prisión de Soto del Real. Fue llevado a la zona de transición y de ahí viajó custodiado en un furgón policial con herméticas medidas de seguridad al centro de Madrid, en la sede de la Audiencia Nacional.
El viaje es de alrededor de una hora y media, por lo que el ex gobernador llegó a las dependencias judiciales alrededor de las nueve y 20 de la mañana. Desde el estacionamiento subterráneo fue trasladado esposado hasta el calabozo del juzgado, donde permaneció más de dos horas hasta que finalmente fue llevado a la Sala de Vistas, donde tuvo su primer y único encuentro el juez que instruye su caso.
Durante su reclusión en el calabozo, Moreira únicamente recibió la visita de su abogado español, el prestigioso penalista Manuel Ollé Sesé, quien afinó junto con su cliente los últimos detalles antes del interrogatorio.
Una vez dentro de la sala del juez, Moreira escuchó la lectura de sus derechos y fue cuestionado si quería asumir su derecho a no declarar. A lo que respondió: “No, quiero declarar y colaborar en lo máximo posible con la justicia”, según relató su abogado a la salida de la vista.
El magistrado y los fiscales responsables del caso, José Grinda y Juan José Rosa, interrogaron al político mexicano durante más de 45 minutos.
Moreira no rehuyó ninguna cuestión y respondió una a una las preguntas.
Los fiscales inquirieron en un primer momento sobre el origen de los 200 mil euros que se investigan por supuesto blanqueo de capitales, que movió durante el año 2013, cuando fijó su residencia en Barcelona.
Tanto Moreira como su defensa aportaron cuantiosa información y documentos oficiales que habrían demostrado la procedencia “lícita” del dinero, así como los correspondientes justificantes de las transacciones comerciales de las dos empresas investigadas y a nombre de Moreira, Unipolares y Espectaculares del Norte y Negocios.
Después, los fiscales centraron sus preguntas en la supuesta vinculación de Moreira con el cártel de Los Zetas, basándose sobre todo en informaciones periodísticas y en los testimonios recogidos en Texas del testigo protegido y ex prestanombres de Moreira, Rolando González Treviño.
Tanto Moreira como su defensa alegaron en todo momento que no tiene ni ha tenido nunca vínculos con el crimen organizado o con el citado cártel.
Una hora después del interrogatorio, y tras analizar la abundante documentación presentada por la defensa de Moreira, el juez Pedraz emitió su auto en el que decretó la libertad sin fianza y fijó como únicas restricciones la retirada del pasaporte y su prohibición de salir del país hasta que no se haya hecho firme el auto. Es decir, hasta que se supere el plazo fijado por la ley para que la Fiscalía presente un recurso de apelación si así lo decide. Tiene tres días para hacerlo. En caso de que finalmente decida no presentar el recurso, entonces el procedimiento habitual es que el juez instructor ordene el sobreseimiento de la causa. Es decir, el archivo definitivo de la investigación, al menos en España.
Así lo explicó el abogado Ollé Sesé: “El juez ha decretado la libertad con la única medida de entrega del pasado mientras no sea firme el auto. Lo fundamental es que dentro de que está secreto (el sumario) y que no se pueden dar todos los argumentos, dice con toda rotundidad y claridad que no hay delito ninguno, que no se ha cometido delito de blanqueo y que por tanto procede decretar la libertad”.
El auto judicial, al que tuvo acceso La Jornada, dice literal: “No se acredita el origen ilícito del dinero y se trata en definitiva de traspasos de dinero de cuentas de sociedades de las que es socio mayoritario el Sr, Moreira a cuentas de él mismo en España; sin que además exista indicio alguno de que se trate de sociedades 'pantalla' o 'fantasma'.”
El juez también advierte que el único delito que puede reconocer la legislación española es el del “blanqueo”, que ahora desestima, y advierte que las investigaciones abiertas en México sobre malversación de dinero público y el supuesto blanqueo de ese dinero “han sido archivadas”.
En relación a la causa abierta en Estados Unidos, el juez advierte que “no puede olvidarse que Estados Unidos abrió una investigación por ello, de cuyo resultado no se tiene constancia, debiendo además suponerse que no se han encontrado motivos bastantes para creerle responsable criminalmente, pues de ser así hubiera librado la oportuna orden internacional de detención.
Moreira se encuentra en estos momentos en la cárcel de Soto del Real, a la espera de que llegue la notificación oficial desde el juzgado para que los funcionarios de la prisión cumplan con los trámites finales para su liberación.