El ex gobernador panista Guillermo Padrés Eliás ya duerme en la prisión. Y la Procuraduría General de la República busca decididamente a Javier Duarte de Ochoa, quien ha logrado permanecer en los senderos de la huida.

Todo indica que en breve la justicia federal se verá obligada a abrir varias carpetas de investigación sobre la gestión del exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge Angulo. Sin duda este último punto ya no agradó del todo al huésped de la residencia oficial de los Pinos. La persecución de Borge no estaba en su guion original, sino que fue idea del nuevo gobernador Carlos Joaquín González.  

El ambiente de linchamiento social crece en todo el país. Estamos ante un claro ánimo de venganza política que tiene todos los elementos para justificarse como un impecable ejercicio de justicia.

Los excesos de Padrés fueron infames, como lo fue la gestión genocida y atrabiliaria de Duarte. Pero ahora todo parece indicar que se seguirán formales procesos en contra de César Duarte Jáquez ex gobernador de Chihuahua; Beto Borge de Quintana Roo; Fausto Vallejo Figueroa de Michoacán, más los que se sumen en estas semanas.

Para el presidente de la República esto significa que todo se está saliendo de control. Su administración solo buscaba crear un escenario mediático que lo levantara en su abatido y menoscabado trayecto; pero ahora se ha desatado una espiral de venganzas políticas de las que Peña Nieto difícilmente saldrá bien librado.

El mandatario tiene dos opciones, las dos con fatales consecuencias.

La primera es girar instrucciones a la Procuraduría General de la República (PGR) para apoyar las investigaciones de las procuradurías, fiscalías y auditorias estatales. Así, en este sentido el gobierno federal se vería obligado a procesar a los exmandatarios inculpados, que en su mayoría son priistas. Esto trastocaría severamente el escenario tricolor en aquellas entidades. El partido del presidente ya se encuentra en un lastimoso fango y si procesan a sus ex gobernadores el hoyo se hará aún más profundo, lo cual tendrá severas consecuencias en la elección presidencial del año 2018.

La segunda opción es aún más grave y delicada para Peña, quien puede optar por el fatal camino de lavarse las manos y no actuar ni en persecución, ni en defensa de los exmandatarios señalados.

Ante la opinión nacional el presidente de la República quedaría (ya lo estamos viendo) como un ejecutivo indolente, inoperante, casi inexistente. En algunos sectores incluso sería acusado de cómplice de los corruptos.

El futuro de Peña Nieto no tiene salvación posible. O persigue a los ex gobernadores lo cual terminará por aplastar lo que queda de su partido o se hace de lado, lo que traería secuelas sociales aún más devastadoras.

El hombre de la silla rota tomó una decisión a la ligera: abrió la espiral de las venganzas políticas. Y ahora ya no puede soportar sus consecuencias.

Como siempre,m quedo a sus órdenes en cupula99@yahoo.com, sin mx.