Esa respuesta no la tenemos, pero podemos asegurarle que lo que resta de este sexenio y el siguiente el retorno del Ejército Mexicano a sus cuarteles es ni más ni menos que imposible; completamente improbable.

Los panegiristas de las fuerzas castrenses aseguran que se requiere urgentemente un marco jurídico, una regulación legal que permita que los militares realicen funciones policiacas. En teoría esto sería lo deseable, lo esperado. Pero el tema va más allá; es mucho más profundo. Vayamos por partes.

En primer lugar la llamada “guerra contra el crimen organizado” que hace diez años desató Felipe Calderón, es la más grande parodia en la historia de México. La guerra sólo es una patética farsa. En realidad el Estado mexicano no tiene intención alguna de combatir efectivamente a la delincuencia organizada. Todos los niveles de gobierno, desde la cúpula federal, los gobiernos de los estados y por supuesto los municipios han hecho de su relación con el narcotráfico un maridaje, una franca cohabitación, un amasiato.

En otras épocas se procesaron a generales y a gobernadores por su colusión con el narcotráfico. Sin embargo, de manera por demás curiosa en los últimos diez años, desde Calderón hasta Peña Nieto, eso no ha sucedido, pese a que a lo largo de un sexenio se publicaron claras evidencias de que altos mandos federales como Genaro García Luna y Facundo Rosas Rosas sirvieron a los poderes que decían combatir. Asimismo, varias investigaciones periodísticas sobre la noche de Iguala arrojan que irremediable, inexorablemente existió una deliberada participación del Ejército Mexicano.

Segundo. Vivimos la era de la Reforma Hacendaria, la misma que golpea desde los grandes consorcios empresariales, hasta los pequeños proveedores que se ven asfixiados por la normatividad de la factura electrónica; sin embargo en múltiples ocasiones se ha interrogado:

¿Por qué la Secretaría de Hacienda no ha abierto una gran oficina para investigar a las miles de empresas que lavan los millonarios recursos del crimen organizado? ¿Por qué nunca se desmanteló un holding, una cadena de negocios que bajo la fachada de fraccionamientos, farmacias, abarroteras, cines o agencias de autos lavan las estratosféricas ganancias del narco?

En la Secretaría de Hacienda no lo hicieron porque simplemente no les interesa.

Tercero. Otro punto ciego de esta falsa guerra es el tráfico de armas. Desde el operativo “Rápido & Furioso”, hasta el hallazgo de fusiles alemanes en Iguala, Guerrero, ha quedado demostrado el descomunal tráfico bélico que se extiende por todo el país: fusiles, granadas, morteros, lanzacohetes son los artículos de uso cotidiano del narcotráfico, empero en los últimos diez años jamás ha sido detenido ni un solo traficante de armas, ni uno solo.

La carga de guardar las apariencias de esta falsa guerra va sobre las espaldas de las Secretarías de la Defensa Nacional y la Marina Armada.

Hoy el General Salvador Cienfuegos expresa la molestia, irritación e incomodidad del Ejército Mexicano frente a una guerra de la que asegura: “No se va resolver a balazos”. El titular de la dependencia por lo menos espera un marco jurídico, un esquema legal que permita a las fuerzas castrenses hacer funciones policiacas. Los senadores se apresuran a preparar un maquillaje que le permita a las tropas tener un respaldo.

Desde este momento le podemos adelantar que las modificaciones constitucionales y leyes reglamentarias sólo serán una parodia, una caricatura.

Aún faltan años para que inicie una verdadera pacificación del país. Aún no aparece en el horizonte una figura política que tenga una real intención de terminar con esta decena genocida.

Por supuesto, debe subrayarse que Margarita Zavala solo garantizaría la reelección de facto de su esposo y la continuidad de seis años más de una guerra fallida.

Al tiempo.

Como siempre, quedo a sus órdenes en cupula99@yahoo.com, sin mx.