Thursday, 25 de April de 2024

Jueves, 01 Septiembre 2016 02:16

La verdad sobre la percepción y confianza de la ciudadanía hacia el poder Judicial en Puebla




Written by  Julian Germán Molina

La reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal del 2008, entre otras razones, responde a la mala percepción que se tiene del sistema de justicia penal en México. Las instituciones que conforman el sistema de justicia no gozan en estos momentos de la mejor de las opiniones.


Son vistas como entidades ineficientes, desconfiables y opacas. De ahí que la apuesta hecha con la reforma penal es transformar de manera radical la forma en que se procura, administra e imparte justicia penal en México. Aseveración realizada por la mismísima Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en su Encuesta Nacional Sobre el Sistema de Justicia Penal en México (Ensijup 2012).

 

Asimismo, en Puebla, Roberto Flores Toledano, en su informe de actividades 2015-2016, manifiesta “que la credibilidad y la honestidad marcan la diferencia en el actuar del Poder Judicial. Por ello, durante el último año trabajamos de forma consistente en la ética judicial que, al incorporarse como eje transversal de nuestras actividades diarias, robusteció nuestra labor y con ello, la confianza ciudadana hacia nuestra institución”.

 

La percepción que tiene la ciudadanía sobre el trabajo del Poder Judicial del Estado de Puebla tiene singular importancia, reconociendo la valiosa labor que ha llevado a cabo el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla, que además ha brindado capacitación a gente externa al Poder Judicial, especialmente a abogados y a estudiantes.

 

Sin embargo y para desgracia del presidente reelecto del Tribunal Superior de Justicia, el reporte Justicia a la Medida, publicado por la Organización México Evalúa, evidencia que lo manifestado, está muy lejos de ser una realidad, ya que con una puntuación de -11.2 por ciento, Puebla se situó por debajo de la media nacional (-6.9 por ciento) en el Índice de Confianza Ciudadana en los elementos de las policías estatales y ministeriales, así como en los jueces y ministerios públicos.

 

Es decir, ubica a nuestro estado dentro de los últimos cinco lugares del ranking nacional, al promediar -11.2 por ciento de confianza ciudadana en los cuerpos policiacos, los jueces y ministerios públicos. Como pueden observar, la credibilidad y la honestidad realmente están marcando la diferencia en el actuar del Poder Judicial.

 

Pero esta información ya la conocíamos en Puebla, ya que, meses atrás, la Barra Poblana de Abogados AC realizó una encuesta, y que en su momento hizo del conocimiento de candidatos a la gubernatura de nuestro estado, en la que proporcionaba el resultado de la misma, aplicada abogados postulantes, catedráticos y estudiosos del derecho; pertenecientes a la moral, para conocer su percepción evaluativa en cuanto a la funcionabilidad de los diferentes órganos de gobierno, durante los últimos cinco años que inciden en la eficacia de actuación del Gobierno del Estado de Puebla.

 

Dicha encuesta, arrojaba como resultado que de las dependencias cuestionadas: los Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia, apenas alcanzaron un 8 % de aceptación por el trabajo realizado en los últimos cinco años.

 

De todo lo anterior, ni duda cabe, que los principios de la ética judicial inspirados en la misma función social del derecho han sido la base del modelo de actuación de los servidores públicos, que dan forma estructural y funcional a un sistema judicial carente de toda credibilidad.

 

Ya es tiempo que la percepción de nuestras autoridades cambie, que dejen de pensar que vivimos en la Puebla donde nada pasa, donde todos vivimos contentos y seguros, que se den cuenta que la ciudadanía concibe el abuso por parte de las autoridades hacia la sociedad como un peligro real del que está llegando al hartazgo social.

 

Que cumplan con el compromiso adquirido para con los poblanos, porque merecemos y exigimos la ausencia del dominio de organizaciones criminales en algunas áreas específicas; la erradicación de la corrupción en los aparatos políticos, administrativos y judiciales; lograr una burocracia eficiente y universalista en la aplicación de leyes y responsable en caso de error; la presencia de policías eficientes y respetuosas de los derechos humanos; el igual y fácil acceso de las y los ciudadanos a la justicia; y la completa independencia del juez o jurado respecto de cualquier influencia del poder político.

 

Lo anterior, sólo se podrá lograr, en la medida en que se pueda garantizar la existencia de un sistema legal con las características de no retroactividad, publicidad, generalidad y estabilidad que garantice derechos e igualdad a sus ciudadanos.

 

 

*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla AC

 

 

 

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